El presidente de la Junta de CyL, Juan Vicente Herrera, el ministro Álvaro Nadal, el presidente de Asturias, Javier Fernández, y Ignacio Galán, presidente de Iberdrola.

El presidente de la Junta de CyL, Juan Vicente Herrera, el ministro Álvaro Nadal, el presidente de Asturias, Javier Fernández, y Ignacio Galán, presidente de Iberdrola. EFE

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Galán se enroca en su compromiso 'verde' mientras CyL le acusa de "prepotencia"

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, reprocha a Iberdrola que tome una decisión que pretende marcar la política energética del país.

No hay fumata blanca en el rifirrafe de las centrales térmicas. El ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha recibido este jueves al presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, para abordar su intención de cerrar las dos centrales de carbón que el grupo tiene aún activas en España, la planta de Lada (Asturias) y la de Velilla (Palencia).

La reunión, que se ha prolongado durante más de dos horas y media y de la que Galán se ha marchado unos minutos antes, se ha mantenido en un clima de respeto, han destacado, pero no ha habido un acercamiento de posiciones.

Mientras la eléctrica vasca defiende que “su petición de cierre ordenado” de ambas plantas de carbón es “coherente” con su apuesta por las energías limpias, el ministro ha reiterado que no se aceptarán decisiones empresariales que no encajen con la política energética y el interés general.

Según el ministro, las plantas de carbón en España utilizan “carbón competitivo” que permite una generación térmica más barata que con otras fuentes como el gas. “Cuando se pide el cierre de estas plantas hay que ver cómo funcionan y, es extraño, porque es más fácil que sea una central de gas la que tenga pérdidas y no pueda operar en el mercado que una de carbón”.

“El carbón está dispuesto a entregar electricidad a precios más baratos que a los que luego se casan en el mercado mayorista (pool)”, asegura Nadal. Energía ha revisado los precios que ofrecen las centrales de carbón en el mercado y considera que “son centrales que tienen a entrar en el sistema cuando se necesitan, entran con mucha frecuencia” y lo hacen con margen de rentabilidad que le permite operar en el mercado.

El Ministerio ha solicitado a Euphemia, el algoritmo que se encarga de gestionar los precios del mercado energético en 24 de los 28 países de la Unión Europea, que revisara el precio de la electricidad en los tres últimos años y calcule el impacto que habría tenido si las centrales de carbón que Iberdrola quiere cerrar no hubieran estado activas.

El resultado, ha dicho Nadal, es que “a pesar de ser centrales pequeñas, si no hubieran estado presentes el precio medio -del año completo- habría sido de 38 céntimos más por megavatio hora”. Es decir, sin estas centrales, “todas las familias españolas habrían pagado una media de 2,5 euros más en su factura anual”, ha asegurado.

Sin estas centrales en funcionamiento “tendríamos peores precios en el mercado, costes mayores para el consumidor y la industria, a parte de los efectos por arrastre que tendrían sobre la economía local”, ha subrayado Nadal. El interés general de mantenerlas abiertas está ligado a su papel “en la contención de precios” en situaciones punta como las olas de frío en invierno para evitar que sea el gas el que encarezca el precio del mercado mayorista.

Mientras el ministro comparecía en la sede de Energía, Iberdrola ha lanzado un comunicado para reiterar su postura: son pioneros en el mundo en incorporar a su política de empresa la lucha contra el cambio climático y reitera que el cierre de Lada y Velilla no afectará “ni a la seguridad del sistema, ni al precio de la energía, ni al empleo”. Según la eléctrica vasca, la producción de ambas centrales representa menos de un 1% del total nacional.

“Ellos defienden que quieren eliminar el carbón para que encaje en su política de empresa porque emite más CO2, lo mismo podrían decir del gas”, ha sentenciado Nadal. “Nuestra respuesta ha sido que una cosa es que no se quieran tener plantas de carbón porque no encajan en la estrategia empresarial y otra es cerrar esas centrales. Hay una alternativa que satisface los intereses de todos: venderla”.

Iberdrola, asegura Nadal, no ha dado razones por las que se niega a vender los activos. “Ha dicho que si encontramos un comprador le darán la bienvenida y hablarán con él, pero no es lo mismo que un proceso decidido y propio de vender o ceder una central que aunque no encaje en su ámbito estratégico, opera de forma rentable en el mercado y tiene todo el sentido que siga abierta”.

“Salvo el hecho de que ambas centrales van a seguir operando hasta 2020, no ha habido ningún compromiso firme de buscar una alternativa real de venta de las plantas a otros operadores que con otra estrategia vea su viabilidad”, reprocha Nadal asegurando que ha habido “poca flexibilidad y falta de explicación en por qué no barajan esta posibilidad”.

Son dos centrales que "ayudan a sostener el precio de la electricidad; son muy útiles en los momentos más difíciles del sistema energético y donde más se ven afectadas las personas por las subidas de precio, especialmente los consumidores más vulnerables; son viables y, si no se quieren tener en un determinado grupo empresarial, deberían poderse pasar a terceros a través de un proceso de venta que podría ser muy competitivo con el mecanismo de subasta”, ha defendido Nadal. 

La arrogancia de Iberdrola

A la cita han acudido también el presidente de Asturias, Javier Fernández, y el de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, que se han alineado con la postura del Gobierno de hacer prevalecer una política energética que combine el cumplimiento de los objetivos medioambientales y velar por el interés general.

Las palabras de Herrera contra la eléctrica han sido duras. El presidente de Castilla y León ha reprochado a Galán la “prepotencia” con la que afrontan el escenario de transición energética. “Aquí nadie tiene el monopolio de lo verde”, ha enfatizado durante su comparecencia tras la reunión. “Entendemos esos argumentos, pero no justifican decisiones empresariales que pretenden marcar la política energética del país”.

"Respetamos el ámbito de actuación de las empresas en relación a lo que creen que son sus intereses. En este caso, una orientación deliberada hacia lo 'verde', como si los demás no fuéramos también verdes y no apostáramos por la lucha contra el cambio climático", ha subrayado Herrera. "Pero la política energética corresponde a los poderes públicos". 

Según Herrera, es "poco" que Galán se haya comprometido a que ambas plantas operen hasta 2020 a la vista de la repercusión en el empleo directo e indirecto que va a tener. La Junta sostiene aunque Iberdrola recoloque a los 80 empleados que tiene en Velilla, "existen otros 100 empleos indirectos que van a perderse" y se perjudica también a la minería del carbón autóctono, así como a las empresas que forman parte de la cadena de suministro "en unas comarcas que no tienen alternativas inmediatas ni ciertas". 

En el caso de la planta de Lada, en Asturias, el presidente Javier Fernández ha estimado un impacto directo sobre el empleo de alrededor de 100 personas y la misma cifra de personas en impacto indirecto.

El RD sigue adelante

Nadal ha asegurado que se va a seguir tramitando el Real Decreto que endurece las condiciones para el cierre de centrales y que prevé un mecanismo de subasta del activo, “a precio de planta cerrada” para el caso de que una empresa quiera cerrar una central que aún es viable. “Este mecanismo también ha sido una discusión, a Iberdrola no le parece bien pero es lo lógico: una central cerrada vale su terreno y el valor de la planta achatarrada, menos el plan social y los costes medioambientales del cierre”, explica el ministro. La propia empresa ha valorado el cierre de ambas plantas en 35 millones.

La norma que actualmente está en manos de Competencia establece que, si la subasta se declara desierta “ya hablaríamos de si la central se tiene o no que cerrar o si la empresa tiene que recibir un pago adicional por mantenerla abierta”.

"A nosotros nos habría gustado tener más apoyo parlamentario para lograr una norma más amplia, que aborde más temas. No hemos logrado el apoyo parlamentario suficiente para aprobar una norma con rango de ley, pero la norma con rango reglamentario tiene el suficiente apoyo legal para tramitarse", remata Nadal.