El Manchester City se ha convertido en la gran prueba de credibilidad del control económico del fútbol. Una comisión independiente ha considerado probado, según ha confirmado la Premier League, el total de los 115 cargos formulados por la competición inglesa.
Todavía queda por conocerse la sanción, y el club mancuniano, que se declara inocente, apelará antes del 2 de octubre. La cautela procesal es imprescindible, pero no reduce la dimensión del mayor expediente financiero afrontado por la Premier.
La investigación ha abarcado 54 cargos por información financiera inexacta, 14 por no detallar completamente pagos a entrenadores y jugadores, cinco relativos a normas de la UEFA, siete por las reglas de rentabilidad de la Premier y 35 por falta de cooperación.
El propósito de estos esquemas fue inflar artificialmente los ingresos del club y reducir sus costes en más de 900 millones de libras (más de 1.000 millones de euros) para aparentar que cumplían con las reglas financieras.
El City volvió a negar este martes las acusaciones y aseguró que "existe un conjunto exhaustivo de pruebas irrefutables que respaldan todas sus posiciones, relacionadas con este caso".
Dopaje financiero y clubes-Estado
El 'dopaje financiero' no designa una infracción concreta. Describe la conversión de la riqueza ilimitada de un propietario en ventaja deportiva mediante ingresos presentados como ordinarios o costes ocultos. No se sanciona que un dueño sea multimillonario, sino la posible manipulación de las cuentas que determinan cuánto puede gastar.
Por eso el desenlace del City importa más que una multa. Los hechos investigados comienzan en 2009, la causa se abrió en 2019, los cargos llegaron en 2023 y la vista concluyó en 2024. Entretanto se disputaron ligas, premios y clasificaciones europeas. Otros clubes estudian reclamaciones, aunque deberían demostrar el perjuicio y su cuantía.
Una pena pequeña o aplicada demasiado tarde transmitiría que infringir puede compensar; una deducción importante, una expulsión o una sanción económica verdaderamente proporcional elevaría el riesgo para cualquier propietario que pretendiera comprar tiempo y ventaja.
Pep Guardiola saludando al jeque Mansour bin Zayed, hermano del presidente de los Emiratos.
El expediente también obliga a precisar qué significa 'club-Estado'. El City sostiene que no está dirigido ni financiado por Abu Dabi, pero su propietario, el jeque Mansour bin Zayed, pertenece a la familia gobernante y ocupa cargos de máxima relevancia en Emiratos Árabes Unidos; además, varios patrocinadores cuestionados están vinculados al emirato.
La etiqueta expresa la dificultad de separar el proyecto privado del poder económico, institucional y diplomático que lo rodea.
El PSG es el antecedente europeo más visible. Qatar Sports Investments adquirió el club en 2011 y Nasser al-Khelaïfi preside ambas entidades. Reuters describió QSI como un organismo respaldado por el Estado catarí y documentó el prolongado debate sobre acuerdos con patrocinadores vinculados a Qatar, especialmente el de su autoridad turística.
El modelo convirtió al PSG en plataforma deportiva y de proyección internacional, pero alimentó la crítica de que un Estado podía generar ingresos dentro de su propio ecosistema y elevar el mercado frente a rivales sin recursos comparables.
El PSG, desde entonces, está en la mira. En 2022 aceptó un acuerdo con la UEFA tras incumplir el requisito de equilibrio: la contribución potencial ascendía a 65 millones de euros, diez de ellos incondicionales, y el resto dependía del cumplimiento de objetivos.
En junip, el órgano de control de la UEFA confirmó que el PSG había alcanzado la meta final para los ejercicios cerrados en 2023, 2024 y 2025 y salió del régimen especial de seguimiento.
Salir de ese régimen tampoco significa quedar fuera de control ni borra la crítica estructural. El PSG vuelve a estar sometido a la supervisión ordinaria que afecta a todos los participantes europeos, incluido el límite permanente del 70% que relaciona salarios, amortizaciones de fichajes y comisiones con los ingresos relevantes.
El Newcastle ofrece una fotografía más actual del efecto disuasorio. El club pertenece mayoritariamente al Public Investment Fund saudí, pero la fortuna de su dueño no puede trasladarse automáticamente a la plantilla.
También en junio, el club inglés acordó con la UEFA un plan de tres años por incumplir la regla de resultados futbolísticos: recibió una sanción de diez millones de euros, siete condicionados al cumplimiento futuro, y otra de tres millones por superar el 70% de coste de plantilla.
También afrontará objetivos anuales y restricciones de inscripción, con medidas más graves si reincide.
Bin Salman es el príncipe heredero de Arabia Saudí y presidente del PIF, el fondo soberano saudí que posee la participación mayoritaria del Newcastle
Ese freno ayuda a explicar una inversión más selectiva, pero no una retirada saudí. Newcastle gastó 404,7 millones de libras en los tres primeros años de PIF y recuperó 50,4 millones en ventas antes de adaptarse a las restricciones nacionales. Una enorme reserva de capital ya no garantiza libertad para gastarla.
El éxito del sistema dependerá, no obstante, de que los ingresos comerciales y las operaciones con partes vinculadas se valoren con independencia, porque limitar un porcentaje sirve de poco si puede manipularse el denominador.
Cambios en las normas
El cambio más importante mira al futuro. Desde la temporada 2026/27, la Premier ha sustituido sus antiguas reglas de pérdidas por un índice que limita el coste deportivo al 85% de los ingresos futbolísticos y del resultado por ventas de jugadores.
Existe un margen plurianual inicial de 30 puntos, pero consumirlo reduce la tolerancia posterior; rebasar el umbral verde genera consecuencias económicas y superar el límite rojo abre la puerta a sanciones deportivas. Los clubes ingleses clasificados para Europa deben respetar además el techo más estricto del 70% de la UEFA.
El nuevo modelo promete controles durante la temporada, no únicamente autopsias contables varios años después. También excluye determinados beneficios por ventas de activos a entidades asociadas.
La intención es acercar el castigo a la infracción y evitar que una operación interna genere capacidad de gasto contable. Aun así, la coexistencia de límites puede permitir que un club cumpla en Inglaterra y sea sancionado en Europa.
No hay una campaña acreditada para expulsar a Estados, fondos soberanos o grandes grupos del fútbol. Sí existe un cerco contra la conversión opaca de su riqueza en ingresos deportivos y contra estructuras de propiedad que comprometan la independencia entre clubes.
El historial reciente del PSG demuestra que un club estatal puede cumplir y salir de la tutela especial; el Newcastle, que el dinero soberano encuentra límites; y el City decidirá si las reglas pueden enfrentarse al proyecto más poderoso tras años de retraso.
El gran capital seguirá entrando porque el fútbol ofrece audiencia, prestigio e influencia. La verdadera disputa es si los reguladores lograrán que compita bajo reglas verificables antes de que la ventaja se vuelva irreversible.
Si el caso City concluye con una respuesta rápida, proporcional y resistente al recurso, el 'dopaje financiero' será menos rentable. Si termina en una sanción absorbible tras casi dos décadas de éxitos, la nueva era de controles corre el riesgo de ser solo una contabilidad más sofisticada para un poder que siempre llega antes que sus jueces.