Javier Tebas lleva años reclamando a Gianni Infantino una FIFA más transparente, mejor controlada y con mayores contrapesos. Este fin de semana ha añadido otra máxima difícilmente discutible: en materia de control económico deben existir "reglas iguales para todos".
Tiene razón.
El problema de los buenos principios es que no permiten elegir a quiénes se aplican.
LaLiga acaba de suscribir, junto a Premier League, Bundesliga y Serie A, un auténtico código de buen gobierno para la FIFA: participación real de los afectados, decisiones sustentadas en evidencias, transparencia, proporcionalidad, separación entre regulación y negocio y controles efectivos sobre quien ejerce el poder.
Magnífico.
Pero la gobernanza no puede funcionar como un consejo que se reúne en Zúrich y se olvida al aterrizar en Madrid.
Apliquemos, por tanto, a LaLiga exactamente las mismas reglas que LaLiga exige a la FIFA.
El primer espejo es FIFA Forward Enterprise (FFE). Las ligas cuestionan su gobernanza y reclaman que iniciativas de semejante magnitud cuenten con información suficiente, una evaluación independiente y la participación efectiva de los afectados.
La comparación con CVC resulta inevitable.
No porque ambas operaciones sean jurídicamente equivalentes -no lo son- ni porque CVC sea ilegal. La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado recientemente la validez de la operación, aunque el Real Madrid ha anunciado un recurso de casación.
El paralelismo está en la gobernanza.
LaLiga Impulso supuso una aportación de 1.994 millones de euros a cambio de una participación del 8,2% en determinados negocios y en los ingresos netos distribuibles derivados de los derechos audiovisuales durante 50 años. La operación obtuvo un respaldo ampliamente mayoritario y la adhesión de los clubes era voluntaria.
Pero una decisión de semejante trascendencia puede someterse perfectamente al mismo examen que ahora se reclama para FFE: ¿qué alternativas fueron estudiadas?, ¿qué evaluaciones independientes se facilitaron?, ¿qué participación tuvieron todos los afectados?, ¿cómo se protege al discrepante frente a una decisión con consecuencias durante medio siglo?
La legalidad de una operación y la calidad de su gobernanza son planos distintos. Que una decisión sea jurídicamente válida no impide examinar cómo se adoptó, qué información existía y qué contrapesos funcionaron.
No se trata de reabrir CVC.
Se trata de aplicar el mismo estándar.
El segundo espejo es todavía más interesante: el control económico.
LaLiga puede reivindicar legítimamente que su modelo ha contribuido a ordenar las finanzas del fútbol profesional español. Pero un sistema de control no se legitima únicamente por sus objetivos. También por la previsibilidad de sus normas, su aplicación homogénea y la seguridad jurídica.
Las propias Normas de Elaboración de Presupuestos de LaLiga proclaman "transparencia, objetividad, proporcionalidad y no discriminación". Al mismo tiempo, el sistema posee una considerable capacidad de modificación y adaptación. Solo en 2025 se introdujeron trece modificaciones para flexibilizar diversos aspectos.
Flexibilidad no significa arbitrariedad.
Pero cuanto mayor es el margen de adaptación de una norma, mayor debe ser la motivación de cada decisión y más importante resulta garantizar aquello que ahora se reclama para el Manchester City: reglas iguales para todos.
El FC Barcelona ofrece un ejemplo particularmente ilustrativo.
En el conflicto sobre Dani Olmo y Pau Víctor y la operación de los palcos VIP, el propio Consejo Superior de Deportes dejó constancia de que el Órgano de Validación de Presupuestos de LaLiga había validado inicialmente la operación y que posteriormente "el mismo órgano manifiesta una posición distinta sobre la misma operación".
Eso no demuestra trato de favor. Tampoco una irregularidad.
Pero sí demuestra por qué la seguridad jurídica y la predictibilidad importan al ejercer el control económico. Si una misma operación recibe valoraciones diferentes, debe poder explicarse con absoluta precisión qué cambió, cuándo cambió y conforme a qué norma.
Porque eso es exactamente lo que las ligas reclaman ahora a la FIFA: decisiones transparentes, objetivas, proporcionadas, no discriminatorias y sometidas a controles efectivos.
Y queda el tercer espejo: regular y hacer negocio.
Javier Tebas
LaLiga organiza la competición, ejerce un control económico intenso sobre sus asociados y explota comercialmente su principal activo. Es un modelo permitido por nuestro ordenamiento jurídico. Pero precisamente esa acumulación de funciones exige contrapesos particularmente sólidos, independencia técnica y mecanismos efectivos de revisión.
La buena gobernanza no consiste en confiar en que quien ejerce el poder lo hará siempre correctamente.
Consiste en construir instituciones capaces de controlar ese poder.
Por eso, el comunicado contra la FIFA es importante. Y sería un error leerlo exclusivamente como una crítica a Infantino.
Es un magnífico programa de buen gobierno para todo el fútbol.
También para quienes lo han firmado.
Si las decisiones estructurales requieren participación, aplica para FFE y para cualquier operación con efectos a lo largo de 50 años.
Si deben existir reglas iguales para todos, valen tanto para Manchester como para Barcelona.
Y si la regulación y el negocio necesitan contrapesos, vale tanto para Zúrich como para Madrid.
La gobernanza no admite cláusula territorial.
Y las reglas que se exigen fuera empiezan por cumplirse dentro.
*** Miguel García Caba es profesor de Derecho Administrativo y académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación.