La Fiscalía de París ha puesto el foco sobre Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG y máximo responsable del canal beIN Sports, abriendo una investigación por un presunto conflicto de intereses.
El foco de las pesquisas se centra en su papel durante la adjudicación de los derechos televisivos de la liga francesa en el verano de 2024.
El caso, que ha sido destapado por el diario L'Équipe, arrancó el pasado mes de abril. Fue la asociación anticorrupción Anticor quien presentó la denuncia inicial, argumentando que Al-Khelaifi habría utilizado su influencia sobre el Consejo de Administración de la Liga para beneficiar a la empresa que él mismo preside (beIN Sports).
Actualmente, la investigación está en manos de la Brigada Financiera Anticorrupción.
Los hechos se remontan a julio de 2024, cuando se cerró un acuerdo de emisión compartida: DAZN desembolsó 400 millones de euros por ocho encuentros y beIN Sports sumó otros 100 millones por un partido.
Desde el entorno del mandatario qatarí se defienden asegurando que su intervención fue una petición expresa de varios presidentes de clubes, quienes temían quedarse sin un contrato económicamente viable.
Sin embargo, el acuerdo fue un fracaso. DAZN terminó rompiendo el contrato al no alcanzar la rentabilidad proyectada, lo que forzó a la Liga francesa a crear apresuradamente su propio canal para poder emitir la competición.
El precedente
Este episodio recuerda a otra polémica surgida el invierno pasado y denunciada por Nicolas de Tavernost, entonces presidente de Ligue+ (el canal creado por la competición). De Tavernost tenía prácticamente sellado un acuerdo con la FIFA para la retransmisión completa del Mundial de Estados Unidos.
Tras comunicar este avance a los presidentes de los clubes -incluido Al-Khelaifi-, la FIFA anunció por sorpresa que los derechos recaían finalmente en beIN Sports. Indignado por la maniobra y sintiéndose desamparado por el resto de clubes, De Tavernost presentó su dimisión.
Todo este revuelo mediático y judicial llega en un momento delicado, justo cuando el fútbol francés se prepara para sacar a subasta los derechos televisivos del ciclo 2029-2034.
De forma paralela, L'Équipe ha desvelado que las autoridades también están investigando al propio presidente de la Liga francesa, Vincent Labrune. En este caso, la Fiscalía Nacional Financiera intenta esclarecer si el cobro de 8,5 millones de euros en comisiones por parte de la cúpula directiva de la Liga es legal.
Este montante está vinculado al rescate financiero pactado en 2022 con el fondo luxemburgués CVC, que inyectó 1.500 millones de euros a cambio del 13 % de los ingresos de la competición.
En aquel momento, Labrune defendió la operación como la única tabla de salvación para el fútbol francés tras la sonada espantada de Mediapro, una situación que, años después, se ha calcado con la salida anticipada de DAZN.