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El Rayo Vallecano acusó este martes a la Comunidad de Madrid de querer perjudicarles a todos los niveles, "retrasando deliberadamente competir en el estadio de Vallecas". Además, el club señaló que la administración regional "no actúa guiada por el principio de legalidad, sino al servicio de otros intereses".

A través de un escrito oficial, el equipo advirtió que la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte "simplemente no levanta la medida cautelar de suspensión". En consecuencia, señalan a este organismo como el único culpable de que el encuentro frente al Racing de Santander no pueda disputarse en su propio estadio.

Estas quejas surgen como respuesta a las recientes declaraciones de Mariano de Paco, titular de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, quien aseveró hoy que el recinto "no se va a abrir" hasta que una inspección externa confirme que "es seguro para las personas y que es salubre".

Desde la entidad vallecana recalcan haber entregado documentación reciente que avala la seguridad de su campo. Subrayan, además, que el pasado 15 de agosto LaLiga publicó un reporte de emergencias certificando que el club cumple escrupulosamente y sin fallos con el reglamento de estadios.

La directiva argumenta encontrarse en una "situación de extrema gravedad y perjuicio" que afecta tanto a la institución como a sus seguidores. Asimismo, hicieron hincapié en que ya solicitaron anular la suspensión cautelar de la concesión tras entregar los estudios periciales y técnicos que garantizan la higiene, accesibilidad y seguridad de las instalaciones.

Una auditoría cuestionada

El conjunto franjirrojo señaló que la Administración madrileña cuenta con una auditoría desde diciembre de 2025, aunque no la hizo pública hasta el 14 de julio de 2026.

Por ello, argumentan que si el gobierno regional realmente "hubiera estado preocupada por la seguridad Vallecas", entonces "lo habría dado a conocer a todos, incluido al Rayo Vallecano, requiriendo la ejecución de las obras y actuaciones necesarias para garantizar la seguridad". Sin embargo, denuncian que este es un paso que jamás se dio.

Dentro de su detallado documento, el club adjuntó información extraída de esa misma auditoría técnica. Este es precisamente el texto en el que se basa la Comunidad de Madrid para prohibir la apertura del estadio.

Al respecto, la directiva fue contundente, afirmando que "nadie se ha creído ese informe de auditoría, dados sus manifiestos errores y carencias".

El Rayo también criticó la táctica del gobierno regional durante el mes de junio. El objetivo de la administración era que el equipo asumiera los más de 60 millones de euros de la reforma integral del campo a cambio de mantener la concesión.

Para lograrlo, se les exigió aportar numerosa documentación en un plazo de apenas diez días.

El club asegura que la Comunidad hizo esta exigencia "a sabiendas de la imposibilidad material de encargar, elaborar y obtener esos proyectos actualizados en breve plazo, y de que la elaboración de esos proyectos, como dueña, era de su incumbencia".

Para concluir, la institución vallecana subrayó que "la Consejería sabía que Rayo Vallecano tenía esa documentación requerida pues, por ello, mantenía la licencia municipal en vigor que habilita la actividad (el Ayuntamiento es la Administración competente)".

Además, el club recordó que las máximas instituciones deportivas, como "LaLiga Nacional de Fútbol Profesional, la RFEF y la UEFA habían autorizado la celebración de más de 25 partidos de competición oficial en la temporada 2025/2026".

Por último, sentenciaron que también "el Ministerio del Interior (Cuerpo Nacional de Policía) había verificado los dispositivos de seguridad y accesibilidad de cada partido celebrado en el Estadio de Vallecas".