La Fiscalía de Canarias está dispuesta a retirar la petición de dos años y medio de cárcel contra el defensa del Real Madrid, Raúl Asencio, bajo la condición estricta de que pida perdón públicamente durante el juicio a las dos mujeres que aparecen en las imágenes.
Así lo manifestó la fiscal Mercedes Gil Castillo en una vista preliminar celebrada en el Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria. El Ministerio Público mantiene que el futbolista cometió un delito contra la intimidad al mostrar a un tercero un vídeo sexual grabado en el verano de 2023, a sabiendas de que no contaba con autorización.
No obstante, al tratarse de un ilícito de carácter semipúblico, la legislación penal española contempla que el perdón de las afectadas extinga la responsabilidad penal, una vía que la defensa ha puesto sobre la mesa y que la acusación pública ha aceptado de buen grado.
De hecho, la situación jurídica del central madridista es bastante favorable. Las dos víctimas ya retiraron su acusación particular tras recibir una compensación económica y el propio jugador les envió una carta el pasado mes de septiembre reconociendo expresamente su error.
Pese a estos avances, la fiscalía exige cumplir con todas las formalidades legales, lo que obligará a Asencio a sentarse en el banquillo de los acusados para ratificar sus disculpas en la vista oral y permitir que las jóvenes se pronuncien al respecto.
Un escenario completamente diferente y mucho más sombrío afrontan los otros tres ex canteranos madridistas implicados en el caso: Ferrán Ruiz, Juan Rodríguez y Andrés García. Para ellos, el Ministerio Público mantiene una petición de condena mucho más severa, que asciende a los cuatro años y siete meses de prisión.
Las investigaciones apuntan a que ellos fueron quienes grabaron la relación sexual en un club de la playa de Amadores y, posteriormente, difundieron el material de forma masiva a través de varios chats de WhatsApp, ignorando por completo los ruegos de las jóvenes para que borrasen las imágenes.
Además, la gravedad de su situación se acentúa porque una de las víctimas era menor de edad en el momento de los hechos.
Esto ha llevado a la Fiscalía a formular un cargo por distribución de pornografía infantil, una tipología delictiva en la que un hipotético perdón de las afectadas carece por completo de validez legal, lo que frena cualquier posibilidad de pacto y obligará a los tres futbolistas a afrontar el juicio con todas las consecuencias.