Amanda Gutiérrez, abogada laboralista y activista por los derechos de las futbolistas, fue la presidenta fundadora de Futpro y una de las caras más visibles del fútbol femenino español durante el estallido del movimiento #SeAcabó.
Desde ese cargo se convirtió en la voz pública de las jugadoras en la batalla por un salario digno y por un convenio colectivo que estuviera a la altura de una liga profesional.
Gutiérrez impulsó Futpro en 2021 como sindicato específico de futbolistas profesionales, con la idea de que ellas mismas marcaran la agenda y no quedaran diluidas en estructuras pensadas para el fútbol masculino.
Desde ahí participó en negociaciones clave: el primer gran conflicto laboral de la Liga F, el nuevo convenio colectivo y, sobre todo, el frente jurídico y mediático abierto tras el beso no consentido de Luis Rubiales a Jenni Hermoso, donde Futpro fue el sindicato que presentó la denuncia y coordinó el famoso comunicado de "se acabó".
En 2025 dejó la presidencia de Futpro tras cuatro años al frente, en un relevo ordenado en el que cedió el cargo a Marta Perarnau y pasó a ser presidenta honorífica del sindicato.
El salario de las jugadoras
Durante su etapa como presidenta, el gran caballo de batalla de Amanda Gutiérrez fue el salario mínimo de la Liga F, que consideraba totalmente alejado de lo que debe ser una liga profesional de referencia en Europa.
En una extensa entrevista en Panenka, lo resumió de forma contundente: las futbolistas "se sienten insultadas con el salario mínimo de la Liga F", una frase que se convirtió en titular y en radiografía del clima que había en los vestuarios.
Gutiérrez denunciaba que "la gente que rodea el espectáculo cobra más que las personas que ofrecen el espectáculo, es decir, las futbolistas", y que no era "adecuado consentir eso en una liga profesional".
Explicaba que Futpro había elaborado "un estudio y un extenso informe" sobre cuál debería ser el salario óptimo en función de los ingresos de la competición y de las necesidades vitales de una jugadora, con la idea de que pudiera retirarse "como mínimo con una casa pagada o un colchón" para su futuro.
Según ella, la Liga F "ni siquiera contestó" a ese informe y se limitó a responder "no".
En las reuniones por el convenio, la expresidenta de Futpro describía la propuesta salarial de la patronal como "bastante indigna" desde la óptica de las jugadoras. Contaba que, cuando transmitieron las cifras a las futbolistas, muchas las interpretaron como una falta de respeto: "Consideran que es no tomarse en serio su trabajo y que es insultante".
Por eso insistía en que "no debería haber nada más urgente que un nuevo convenio colectivo", una idea que repitió en distintos foros y entrevistas.
Aunque celebraba avances importantes en otros campos -como la regulación de la maternidad o protocolos contra el acoso-, Gutiérrez admitía que la parte económica seguía siendo el gran punto negro del acuerdo.
En una entrevista posterior, ya con el nuevo convenio firmado, valoraba el resultado con un "siete" y reconocía que "para Futpro, firmar ese fin de huelga con ese salario no fue positivo" y que el gran objetivo del siguiente convenio debía ser "subir el salario mínimo".
A su juicio, el problema no era solo de cifras, sino de mentalidad: todavía había directivos que "no invierten en fútbol femenino porque dicen que no genera dinero", algo que ella veía como un freno estructural al desarrollo de la Liga F.
Más allá del sueldo
Las críticas de Gutiérrez al modelo salarial se enmarcaban en un discurso más amplio sobre la precariedad y la falta de seguridad de las futbolistas profesionales.
Desde Futpro defendía que el salario mínimo no podía analizarse aislado, sino junto a cuestiones como contratos cortos, miedo a represalias y la dificultad de denunciar situaciones de abuso o discriminación en un mercado tan pequeño, donde "solo puedes trabajar para 16 empresas".
En foros institucionales, como una intervención en el Ministerio de Igualdad, subrayó que la brecha salarial en el deporte femenino no se cierra solo subiendo sueldos, sino "reforzando los convenios colectivos, garantizando derechos como la maternidad y la conciliación y cambiando estructuras de poder y políticas públicas".
Su mensaje era que el fútbol femenino español ya estaba "en el top-3 de Europa" a nivel deportivo, pero sus salarios no se correspondían con esa posición ni con la proyección real del producto.