Continúa el revuelo en el fútbol español. Y, más concretamente, en el Comité Técnico de Árbitros (CTA). La Audiencia Nacional ha ordenado llamar a declarar en el caso Soule al exjefe de los árbitros, Victoriano Sánchez Arminio, en calidad de imputado por el presunto desvío de fondos de la antigua cúpula de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).
La cantidad de dinero sustraído se estipula alrededor de los 7,9 millones de euros. En el auto dado a conocer este martes, el tribunal ha instado al juez instructor del caso, Alejandro Abascal, a que tome declaración al que fuese secretario general del Comité Técnico de Árbitros, Raúl Massó, y al expresidente de la RFEF, Ángel María Villar. Este último ya estaba siendo investigado en dicho procedimiento. Lo que no ha aceptado la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional es la imputación de la RFEF.
Hace tan solo unos días, Anticorrupción ya había pedido la imputación de Sánchez Arminio por el desvío de los fondos de la Federación. También la había requerido LaLiga en su momento, por lo que se le acumulan los problemas al que fuese el presidente del Comité Técnico de Árbitros entre 1993 y 2018.
Ángel María Villar, expresidente de la RFEF. Foto: rfef.es
Además, la operación, abierta desde 2017, está centrada en la anterior cúpula de la Real Federación Española de Fútbol y su gestión. Se da la casualidad de que transcurre al mismo tiempo que el caso Negreira. Este martes se ha hecho público que la Fiscalía Anticorrupción, en sustitución de la Provincial de Barcelona, será la que participe en la instrucción de esta última causa.
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional apunta a que hay "méritos suficientes" para llamar a declarar al presidente del CTA entre 1993 y 2017, al expresidente de la RFEF y al que fuese el segundo de Sánchez Arminio en la comisión arbitral.
Desviación de fondos
La Fiscalía decidió secundar el recurso de LaLiga por la "presunta desviación de fondos aportados por la LNFP a la RFEF, con destino finalista, en virtud de los convenios de colaboración suscritos entre ambas asociaciones en los años 2006, 2010 y 2014, y su aplicación a fines distintos de los previstos" y así investigar la dirección de los pagos recibidos y sus correspondientes facturas.
Además, los informes periciales han desvelado que "las aportaciones realizadas por La Liga a la RFEF correspondientes a los honorarios arbitrales exceden de los gastos contabilizados por la RFEF en 7.999.013,18 euros correspondientes a estos conceptos". Sin embargo, se ha querido recalcar que dicha diferencia no está "justificada".
El exvicepresidente del CTA, Sánchez Arminio, atendiendo a la prensa
LaLiga también denunció en su momento que los pagos eran manifiestamente ajenos a los fines convencionales para los que La Liga Nacional de Fútbol Profesional (LNFP) aportaba a la Federación los fondos convenidos, llevado a cabo en virtud de un "acuerdo arbitral referente a la aplicación el posible remanente generado como consecuencia de los fondos transmitidos por la LNFP a la RFEF".
Tal y como informó el organismo dirigido por Javier Tebas, presentaron facturas fraudulentas tanto Sánchez Arminio como Raúl Massó de "gastos completamente ajenos al futbol profesional, alterándose así el destino de los fondos entregados por la LNFP a la RFEF, siendo aquellos subordinados del presidente de esta última, quien se benefició ilícitamente de tales fondos, por lo que se interesa se declare la condición de responsable civil subsidiaria de la RFEF".