La Real Sociedad ha explicado que en el año 2009 regularizó su situación tributaria, después de ser sometida a una inspección fiscal por parte de la Hacienda foral de Gipuzkoa, y ha asegurado que, desde ese año, está cumpliendo con sus obligaciones fiscales.





La Real Sociedad ha emitido un comunicado para salir al paso de las revelaciones contenidas en los llamados "papeles de Panamá", en los que se constata que el club pagó gran parte de sus retribuciones a al menos siete jugadores a través de empresas constituidas en paraísos fiscales, entre los años 2000 y 2008.





La Real explica, tres días después de conocerse la información, que la Hacienda foral de Gipuzkoa realizó entre los años 2008 y 2009 una inspección fiscal al club, como resultado de la cual su situación tributaria quedó "regularizada".





"Desde 2009, la Real está cumpliendo con sus obligaciones tributarias así como con las obligaciones de pago derivadas de la mencionada inspección", añade el club.





Además, expresa su "total y permanente disposición" a colaborar con la Hacienda de Gipuzkoa "sobre cualquier cuestión que se derive de estas informaciones".





La Real Sociedad ha lamentado, por último, "verse involucrada" en informaciones que "ya trascendieron, se asumieron y se resolvieron en 2009".





En este último punto de su comunicado, la Real alude, sin mencionarlo, que el pago a jugadores a través de paraísos fiscales fue revelado en 2008 por la "due diligence" a la que fue sometida el club cuando Iñaki Badiola accedió a la presidencia.





En esta auditoría se denunciaron diversas irregularidades fiscales, lo que dio pie a la mencionada inspección fiscal por parte de la Hacienda de Gipuzkoa.





Como resultado de esta inspección, la Hacienda de Gipuzkoa exigió a la Real 11,3 millones en concepto de deuda tributaria por IRPF y otros 4 millones por el IVA, además de 6,4 millones de euros de multa, que posteriormente fue condonada por la Diputación.





La Diputación, gobernada entonces por el PNV y Hamaikabat, llegó a presentar una denuncia penal contra varios antiguos administradores de la Real Sociedad, al entender que podría haberse cometido un delito fiscal relacionado con el IVA, que finalmente fue sobreseída.





Al conocerse la condonación de dicha multa de 6,4 millones de euros, que reveló el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas en 2012, el expresidente Badiola interpuso una querella contra el actual diputado general de Gipuzkoa, Markel Olano, que ha sido admitida por el Juzgado.

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