La familia Reyzábal ha retornado, en las últimas semanas, al primer plano judicial más de dos décadas después de haber ocupado titulares por el incendio y derrumbe de la torre Windsor, el edificio que simbolizó durante años su poder económico en Madrid.
Ahora, Olivia y Javier Reyzábal Roig, nietos del empresario Florentino Reyzábal Larrouy, e hijos del fallecido Javier Reyzábal, han presentado una querella contra varias de sus tías por presuntos delitos de apropiación indebida, estafa y administración desleal.
Todo ello, en relación con el reparto de la herencia familiar. Sea como fuere, se reabre así una historia marcada por la riqueza, las divisiones internas y una larga secuencia de episodios trágicos que han sacudido los cimientos de una de las sagas más poderosas del país.
El conflicto tiene su origen en el patrimonio levantado por Julián Reyzábal Delgado, el patriarca que abrió camino en los negocios desde la posguerra y acabó construyendo una de las dinastías empresariales más conocidas de Madrid.
Javier Reyzabal Roig, en una fotografía de su LinkedIn.
Julián Reyzábal Delgado fue el fundador de la saga y el gran impulsor del patrimonio familiar.
Procedente de un origen humilde, supo aprovechar las oportunidades de crecimiento urbano y económico de Madrid para entrar en el negocio inmobiliario y del ocio, dos sectores que acabarían definiendo la identidad pública de los Reyzábal.
Su trayectoria representa el modelo de empresario autodidacta que, desde posiciones modestas, fue acumulando capital, suelo y participaciones en activos estratégicos.
Con el tiempo, el apellido Reyzábal se vinculó a una red de sociedades y propiedades que llegaría a tener una presencia destacada en la capital.
Entre sus activos figuraron edificios de oficinas, salas de cine y participaciones en inmuebles de gran valor, además de negocios relacionados con el entretenimiento y la explotación comercial de espacios urbanos.
Ese crecimiento convirtió a la familia en una de las más visibles del sector patrimonial madrileño. La expansión no estuvo exenta de controversias.
La complejidad en la gestión del patrimonio, que en una primera etapa consolidó el poder económico de la saga, terminó alimentando tensiones por la sucesión, el control societario y el reparto de beneficios.
Los siete herederos
De adolescente, Julián se mudó a Bilbao, donde empezó trabajando de botones pero inició pronto sus contactos en el mundo del cine, al trabajar también en la reventa de entradas para ganarse un dinero con el que financiar sus estudios posteriores de Contabilidad.
Allí, conoció a la que después sería su esposa, Milagros Larrouy Orive, hija de una familia bien de la ciudad. Julián y Milagros se vinieron de Bilbao a Madrid en 1930.
Olivia Reyzábal Roig, la otra hija de Javier Reyzábal.
Juntos tuvieron siete hijos: Florentino, Jesús, José María, Eduardo, Julián, Milagros y Fortunato -cinco de sus 7 hijos ya han fallecido-.
El matrimonio comenzó a trabajar en una distribuidora de cine, SAGE, que fue el germen de su vasta fortuna.
En vida del patriarca, el peso de la gestión recayó en distintas figuras de la familia, con Florentino entre los nombres más visibles en la administración patrimonial.
A la muerte de Julián, el legado pasó a una nueva fase en la que los hijos y, más tarde, los nietos, se movieron entre estructuras societarias heredadas, pactos familiares y discrepancias sobre el valor y destino de los bienes.
Con los años, parte de la fortuna se fragmentó en múltiples sociedades y participaciones.
Esa dispersión patrimonial, habitual en grandes sagas familiares, se volvió especialmente delicada cuando la familia tuvo desacuerdos personales y jurídicos sobre el control de lo heredado. La actual querella responde precisamente a esa tensión acumulada durante décadas.
La querella actual
Olivia y Javier Reyzábal Roig, nietos de Florentino Reyzábal Larrouy, han interpuesto una querella contra sus tías Blanca y Mónica Reyzábal Gómez, así como contra Andrés Sastre Muñoz, marido de la primera.
Les atribuyen presuntos delitos de apropiación indebida, estafa agravada, insolvencia punible y falsedad documental en relación con el reparto del patrimonio familiar.
La denuncia, presentada el pasado 25 de mayo ante los juzgados de Madrid, sostiene que los hijos de Javier Reyzábal fueron privados de una parte sustancial de la herencia mediante la ocultación de activos y la manipulación del valor real de bienes pertenecientes al clan.
Según los querellantes, el perjuicio económico supera los 20 millones de euros.
Javier Reyzábal, hijo del expresidente de la inmobiliaria Asón, falleció en mayo de 2012. Estaba casado con Ángela Roig, hija del empresario valenciano y expresidente del Valencia CF Francisco Roig, y sobrina de Juan Roig, propietario de Mercadona.
Cuando murió, sus hijos eran menores de edad, por lo que la gestión de la herencia quedó en manos del patriarca, Florentino Reyzábal, designado albacea y contador-partidor.
La querella -aún pendiente de admisión a trámite- afirma que fue entonces cuando Florentino Reyzábal habría puesto en marcha una estrategia para "ocultar bienes y derechos" pertenecientes a su hijo Javier, especialmente aquellos situados en el extranjero.
Todo ello, con el objetivo de beneficiar a sus hijas Blanca y Mónica. La viuda de Javier, Ángela Roig, ya había iniciado años atrás un procedimiento judicial contra su suegro por un conflicto similar relacionado con activos familiares en México.
Aquel enfrentamiento terminó con un acuerdo extrajudicial que permitió aparcar las discrepancias.
Sin embargo, según el escrito presentado ahora, lejos de restablecerse la normalidad, Florentino Reyzábal y sus hijas habrían continuado con una "operatoria destinada a ocultar gran parte de sus bienes", desviándolos hacia el patrimonio de Blanca y Mónica y perjudicando así los derechos hereditarios de los nietos.
Como prueba, los denunciantes aportan una agenda manuscrita atribuida a Blanca Reyzábal que, según la acusación, contendría anotaciones que evidencian la estrategia para apropiarse de determinados activos.
La defensa de Olivia y Javier sostiene que su abuelo llegó a reunir un patrimonio estimado en unos 200 millones de euros, incrementado además por las herencias recibidas tras la muerte de familiares directos sin descendencia, como su hijo Íñigo o su hermano Julián.
El apellido Reyzábal quedó asociado a algunos de los inmuebles más conocidos de Madrid. Entre ellos destacan Castellana 15, el edificio vinculado a Mutua Madrileña y la participación del 20% en Torre Picasso, hoy en manos de Amancio Ortega (90).
También tuvieron relación con los cines Palacio de la Prensa, Callao, Princesa, Luchana, Carlos III y Bilbao, espacios que durante décadas formaron parte del paisaje cultural y comercial de la ciudad.
La familia representó un modo de hacer negocios que unía suelo urbano y renta inmobiliaria. Madrid cambió con ellos, y ellos cambiaron con Madrid, al aprovechar las transformaciones de la ciudad para convertir propiedades en activos de enorme valor.
Uno de los episodios más recordados vinculados a esos inmuebles fue el de la marquesina del cine Bilbao, cuya caída en noviembre de 1995 provocó la muerte de seis personas e hirió a doce que esperaban para ver Una monja de cuidado.
Aquel suceso quedó unido para siempre a la historia pública del apellido, como una de las tragedias más dolorosas relacionadas con la familia y sus negocios.
La torre Windsor
Pero la desgracia más persistente en la memoria colectiva sigue siendo la de la torre Windsor.
El edificio, considerado durante años la joya de la corona del patrimonio empresarial de los Reyzábal, se incendió y quedó destruido en un episodio que marcó a toda la familia y también a la ciudad.
El edificio Windsor.
Su desaparición significó el final de una etapa de esplendor inmobiliario y alimentó durante mucho tiempo el aura de infortunio que rodea a la saga.
La torre Windsor era un emblema del éxito acumulado por varias generaciones y un punto de referencia dentro del mapa financiero y urbanístico de Madrid.
El patriarca Julián Reyzábal falleció en 1978, a los 76 años, sin llegar a presenciar cómo el edificio más simbólico de su imperio, adquirido dos décadas antes al Banco Central, ardía hasta quedar reducido a escombros.
El negocio más relevante de la familia llegaría años después, en 2006, cuando los herederos vendieron el solar resultante del incendio para permitir, entre otras actuaciones urbanísticas, la ampliación de El Corte Inglés de Castellana.
La operación, valorada en 500 millones de euros, debía repartirse entre los descendientes del fundador y se convirtió en el origen de varias disputas internas que marcaron el devenir del clan.
Los Reyzábal y la muerte
En otro orden de cosas, la -maltrecha- salud siempre ha azotado con especial crueldad a la familia Reyzábal. La saga ha sufrido varios fallecimientos especialmente dolorosos a lo largo de las últimas décadas.
Entre los más recientes y mediáticos está el de Ana Reyzábal Rus, de 14 años, fallecida en 2020 en un accidente de canoa en el río Cares, un golpe que reabrió el relato de una saga muy castigada por la tragedia familiar.
A esa pérdida se suman otras muy significativas dentro del núcleo familiar: Fortunato Reyzábal, que murió a los 42 años tras un infarto durante una cacería; Eduardo Reyzábal, fallecido a los 45 años por un cáncer de laringe.
Mención aparte merece Jesús Reyzábal, muerto con 69 años; y Julián Reyzábal, fallecido a los 78 tras una larga enfermedad.
En conjunto, estos fallecimientos han alimentado la idea de una familia poderosa, pero marcada por una sucesión de pérdidas difíciles de asumir.