María Salmerón estaba condenada a entrar en prisión por siete meses. Su delito: impedir a su marido, condenado a un año y nueve meses por malos tratos, ver a su hija adolescente. La menor no quería estar con él. Y María no podía hacer otra cosa que lo que le dictaba la conciencia. Aunque tuvieran la custodia compartida, incumplió el régimen de visitas y fue condenada por desobediencia.
La petición de indulto, amplificada por la presión política y social, ha llevado al Gobierno a concederle el indulto parcial. Tampoco podía hacer otra cosa. Le había distinguido hace apenas tres meses con un premio por prestar su testimonio en la serie de televisión Amores que duelen. El galardón se lo dio el propio Mariano Rajoy coincidiendo con el Día Internacional contra la Violencia de Género. El Gobierno ha explicado que era “procedente” el indulto parcial de la condena y que “se han valorado las circunstancias subjetivas, sociales y particulares”.
"Que no vuelva a ocurrir"
Tras saber de su indulto parcial, María Salmerón estaba satisfecha. Había pesado en la decisión del Consejo de Ministros el interés de la menor: “Ha mirado lo que debería de mirar, no solamente los papeles, sino también a las personas, que es lo que hay que hacer, legislar para que estas cosas no vuelvan a ocurrir”.
La alegría del indulto conlleva también una carga negativa. Tiene que pagar una multa y realizar trabajos en beneficio de la comunidad. María no tiene dinero. Todo lo tiene o hipotecado o embargado. Y además, este no es el primer indulto. María es reincidente y este es el segundo por otra condena a un año de prisión que le fue condonada por una multa de 2.190 euros y trabajos para la comunidad, que suplió ejerciendo como auxiliar de enfermería y atendiendo a personas mayores. Le quedan otras dos condenas más y por la misma razón. Los indultos también se están tramitando.
La solución que ella ve a su problema más acuciante es una campaña de crowdfunding, una “bolsa solidaria” en la que el ciudadano que quiera ayudarla a pagar la multa aporte un euro. Pero las soluciones deben ser otras. María pone el dedo en la llaga cuando lamenta el daño que se inflige a los niños cuando se dicta un régimen de visitas para los maltratadores. “Es el momento de que jueces y fiscales se preparen y se dediquen a lo que tienen que hacer: proteger a los menores de esta lacra”, defiende.
Suspensión del régimen de visita
En esa línea ya hay quien está trabajando. La Junta de Andalucía ya lanzó el pasado mes de noviembre el reto de un Pacto de estado contra la Violencia de Género y en el que, precisamente, se ponía la situación de los menores como una de las situaciones a corregir. En su propuesta, se planteaba la suspensión del régimen de visita a los hijos para los maltratadores, con independencia de que hayan sido o no condenados, siempre y cuando haya indicios más contundentes que la mera denuncia de la madre. La petición la tenían clara y en números: en el último decenio, una treintena de menores había sido asesinados por sus padres aprovechando la ausencia de la madre.
El caso de la sevillana María Salmerón viene a coincidir esta semana con el caso de la francesa Jacqueline Sauvage. El presidente François Hollande concedió hace apenas cinco días una reducción de pena a Sauvage, la mujer de 68 años condenada a diez años por haber matado a su marido de tres tiros de fusil por la espalda, tras años de malos tratos sufridos por ella y sus hijos.