La historia de Óscar Garay es, probablemente, una de las más sonadas en cuanto a trasplantes de órganos se refiere. No por el éxito de la operación; tampoco porque estuviera marcando un hito científico, como sí ocurrió con el hombre al que se le trasplantó un corazón de cerdo (falleció a los dos meses), sino porque este bilbaino desahuciado a causa de una hepatitis C, viajó hasta China, pagó 130.000 euros y compró un hígado que pudo darle una segunda oportunidad.
Su relato se remonta a 2013. Por aquel entonces, China había prohibido ya (lo hizo en 2007) el trasplante de órganos procedentes de personas vivas -a excepción de familiares cercanos- como medida coercitiva para evitar el tráfico ilegal. No obstante, sí eran legales los extraídos de presos ejecutados, algo que posicionó al país como un lugar de 'turismo de órganos', ya que dicha práctica hacía que las listas de espera fuesen ínfimas en comparación con otros países.
Las constantes denuncias de la comunidad internacional, ejercidas desde países como España o Israel o instituciones como Médicos sin Fronteras, hicieron que en 2014 el exviceministro de Sanidad chino, Huang Jiefu, responsable del Comité Nacional de Donaciones de Órganos, anunciase que el país renunciaba a la extracción de órganos de presos ejecutados. Sin embargo, según distintos informes que se han ido publicando, parece que no han parado.
Así lo atestigua un artículo publicado en la revista American Journal of Transplantation y que, incluso, va más allá. Según la investigación, muchas de las extracciones de órganos se llevaron a cabo mientras el preso aún seguía vivo.
Sin muerte cerebral
Para llegar a esta conclusión, los investigadores revisaron cerca de 3.000 artículos médicos chinos relacionados con trasplantes de corazón y pulmón, ya que su extracción requiere, generalmente, que el corazón del donante siga latiendo. En ellos, encontraron 71 informes que contenían evidencias de que la operación se realizó sin certificar la muerte cerebral del paciente, un requisito de la ley de extracción de órganos. De hecho, aquí en España se exige que esto sea decretado por tres médicos.
Matthew Robertson, estudiante de doctorado de la Universidad Nacional de Australia y autor principal de la investigación explicaba en unas declaraciones para Medscape Medical News que, en base a lo que se describía en dichos artículos, era imposible que hubieran decretado la muerte cerebral del donante porque en el proceso no había rastro alguno de la realización del test de apnea (TA), una de las exploraciones fundamentales en el protocolo de diagnóstico de muerte encefálica.
El profesor Jacob Lavee, de la Universidad de Tel Aviv, que ha colaborado junto a Robertson en esta investigación, confesaba en la misma entrevista que, en un primer momento, observó con gran incredulidad los hallazgos del estudiante, tanto que llegó a encargar una segunda traducción de los artículos científicos para comprobar que esto fuera así.
La investigación, además, incluye otros testimonios, como el del citado Huang Jiefu, el cual, una vez ilegalizada esa práctica de forma oficial, llegó a revelar para un medio local que "ellos (los presos) fueron obligados a donar". "Si sus padres ni siquiera aceptaron la pena de muerte de sus hijos, ¿cómo iban a consentir la donación de órganos?", recaba el artículo en una traducción de esta entrevista.
La reencarnación
Lo usual, además, sería que no lo hicieran, ya que uno de los mayores problemas para ser donante voluntario reside en la arraigada creencia del país en la reencarnación y en el pensamiento de que necesitarán todos sus órganos para la siguiente vida. Así las cosas, mientras que en España, según las últimas cifras mundiales sobre trasplantes, hay 38 donantes por millón de población en China hay 3,6.
En un artículo de 2012 publicado en The Lancet, y en el que Huang era uno de sus autores, se discernía que "el 65% de los trasplantes que se llevan a cabo en China proceden de personas fallecidas y, de estos, el 90% provienen de prisioneros ejecutados".
"Hemos demostrado por primera vez que los cirujanos que han realizado estos trasplantes actuaron como verdugos y su modo de ejecución fue la extracción de órganos. Estos son sus testimonios de la ejecución de sus pacientes", sentenciaba sobre todo lo descubierto Jacob Lavee.
Efectivamente, esta es la primera prueba documentada de esta atrocidad, aunque no es la primera vez que se denuncia. El periodista de investigación Ethan Gutmann lo hizo en su informe La matanza: asesinatos en masa, extracción de órganos y la solución secreta de China a su problema disidente que en muchos casos, en el que aseguraba que los órganos de los prisioneros se sustraen "mientras el corazón de la víctima sigue latiendo".
Falun Gong
Los datos en los que se ha basado esta nueva investigación incluían cirugías de trasplante llevadas a cabo entre 1980 y 2015, un año en el que ya no deberían haberse llevado a cabo. Es más, en 2016 el abogado Hamid Sabi exigió ante el comité de derechos humanos de Naciones Unidas que se investigase las pruebas que habían recabado sobre que el país estaba asesinando en las cárceles a miembros del grupo espiritual Falun Gong y extrayendo sus órganos para trasplantes.
"Víctima por víctima y muerte por muerte, arrancar el corazón y otros órganos a personas vivas, inofensivas, pacíficas, constituye una de las peores atrocidades masivas de este siglo", expresó el abogado ante el comité.
China no aporta datos oficiales sobre el número de ejecuciones de presos que lleva a cabo, pero según la organización de derechos humanos Dui Hua, en 2018 se llevaron a cabo 2.000 ejecuciones. Más actualizado está el dato de presos políticos: 45.868 en 2021.
Entre ellos se encuentran los miembros del Falun Gong, los seguidores de una práctica espiritual que empezó a ser perseguida por el gobierno del país en 1999.
Uno de los relatos más conocidos sobre las represiones que sufre este grupo es el de la activista Jennifer Zeng, que fue apresada por profesar esta religión y que escribió en su libro Witnessing History: One Chinese Women Fight for Freedom and Falun Gong cómo se libró de ser una víctima más de la supuesta trama de tráfico de órganos, ya que, según describe, le dijo al médico del campo de trabajos forzosos donde estaba recluía que padecía hepatitis C.