"No hay listas de espera para abortar, no existe ningún problema con este tema y no se puede obligar a un médico a realizar un aborto". Así de tajante se muestra José Ignacio González Martín, jefe de Ginecología y Obstetricia del Hospital Clínico de Valladolid, tras la polémica generada por la ministra de Igualdad, Irene Montero, quien ha anunciado que pretende regular la objeción de conciencia de los médicos para que no estén "por encima del de las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos".
"Sería crear un problema donde no lo hay. Las mujeres que presentan esta situación, son derivadas al sector privado sin demora y a cargo de las cuentas públicas", recuerda González Martín. "Donde sí hay listas de espera es en pacientes oncológicos", añade.
El borrador sobre la nueva Ley del aborto pretende limitar el derecho a la objeción de conciencia del médico. Un derecho que encuentra su fundamento en la resistencia del individuo a una norma legal cuyo cumplimiento supondría una grave lesión para su conciencia. Se trata de uno de los derechos más fundamentales en un Estado de derecho, dado que coloca la dignidad humana por encima del propio Estado.
Para la ministra, quien ha ido un paso más allá y ha asegurado que "negar un aborto es una violación de los derechos humanos", se trata de "consolidar esa generación de derechos feministas", mientras el sector ginecológico considera esta intromisión como un ataque directo a su profesión.
Por otra parte, el responsable de Ginecología del Hospital Clínico de Valladolid, considera una aberración que desde el borrador de reforma de la ley de salud sexual y reproductiva, se pretenda incluir los posibles casos aislados de una mala praxis sanitaria en este campo -también llamada violencia obstétrica- como casos de violencia de género.
El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos ya emitió en su día un comunicado en el que mostraba su preocupación por "la creación de innecesarias alarmas sociales que contribuyen a erosionar la necesaria confianza entre médico y paciente".