La contaminación por ozono en Castilla y León se redujo por segundo año consecutivo al caer un 23% en 2021, en lo que supone "una mejora sin precedentes de la calidad del aire", en relación al ozono troposférico, gracias a la reducción de la movilidad por la crisis de la COVID-19.
Así lo apunta, en su informe anual sobre contaminación por ozono, la organización Ecologistas en Acción, que en un comunicado remitido a Ical, apunta no obstante que "2,1 millones de habitantes de Castilla y León han seguido respirando aire contaminado por ozono durante el verano de 2021".
El informe también concluye que el 87% de la población y el 81 por ciento del territorio castellano y leonés "han estado expuestos, un año más, a unos niveles insalubres de este contaminante", ante lo que Ecologistas en Acción reclama a la Junta "medidas eficaces sobre el transporte, la industria y la ganadería intensiva que eviten los episodios puntuales y reduzcan los elevados niveles de fondo del contaminante más ligado al cambio climático".
El texto, que analiza los datos recogidos entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2021 en 480 estaciones oficiales de medición de ozono repartidas por todo el territorio español, de las que 30 se encuentran en Castilla y León, destaca entre sus principales conclusiones que "el ozono es un contaminante muy complejo, que no tiene una fuente humana directa sino que se forma en la superficie terrestre en presencia de radiación solar por la combinación de otros contaminantes denominados precursores, emitidos por el transporte, las centrales termoeléctricas, ciertas actividades industriales o la ganadería intensiva".
El ozono troposférico sigue siendo así el contaminante atmosférico que "año tras año, afecta a más población y territorio, y el más estrechamente ligado al cambio climático", por su relación con las altas temperaturas. No obstante, el informe apunta que "como en 2020, durante 2021 sus niveles se han reducido de forma importante", interrumpiendo la tendencia estacionaria o al alza de los últimos años, como consecuencia de "la drástica disminución de las emisiones de sus contaminantes precursores en la industria y el transporte por efecto de la crisis de la COVID-19".
En cualquier caso, y según el valor recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 87 por ciento de la población de Castilla y León habría respirado aire contaminado por ozono, si bien "considerando el valor objetivo establecido por la normativa vigente, más laxo que la recomendación de la OMS, no habría población que haya respirado aire contaminado por encima del estándar legal", según los criterios del informe.
Además, la frecuencia de las superaciones de los estándares de la OMS y legal "ha sido muy inferior a la de los años previos a la pandemia, con descensos de respectivamente el 23 por ciento y el 59 por ciento en relación al promedio de las registradas en el periodo 2012-2019" en el conjunto de Castilla y León, si bien las superaciones del umbral de información "han repuntando en 2021".
La mejoría de la situación ha sido especialmente relevante "en la Montaña Norte, con sus centrales termoeléctricas de carbón cerradas". No obstante, una estación en la Montaña Sur de Castilla y León, que agrupa parte de las provincias de Ávila, Salamanca y Segovia, con 243.000 habitantes, "ha seguido incumpliendo el objetivo legal en el trienio 2019-2021".
Crítica a las Administraciones
No obstante, el informe de Ecologistas en Acción es especialmente crítico con las Administraciones públicas porque su información a la ciudadanía sobre este problema "no es adecuada ni ajustada a la gravedad" del mismo. En ese sentido, las conclusiones del texto señalan que "las redes del Ayuntamiento de Valladolid y la Junta de Castilla y León no están optimizadas para la medición del ozono, lo que restringe su representatividad". "Resulta elemental, por ello, que ambas administraciones se esfuercen por mejorar la información de la calidad del aire en su ámbito territorial", sentencia el informe.
Y es que los planes autonómicos de calidad del aire para reducir la contaminación por ozono "son obligatorios", según la legislación y el Tribunal Supremo. "Pero la Junta de Castilla y León sigue sin aprobarlos en las zonas donde resultan preceptivos", denuncia Ecologistas en Acción, que por ello solicitó "la ejecución inmediata e íntegra" de la sentencia de 19 de octubre de 2018, del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que "el Gobierno autonómico sigue sin cumplir".
Además, la asociación ecologista lamentó que "pocas ciudades cuentan con protocolos de actuación frente a las puntas de contaminación por ozono", cuando las principales vías de actuación para reducir la contaminación del aire por ozono son la disminución del tráfico motorizado, la adopción de las mejores técnicas industriales disponibles, la sustitución de los disolventes orgánicos por agua, el ahorro y la eficiencia energética y el apoyo a las energías renovables. "También es necesario penalizar a los vehículos diésel y una moratoria para las grandes explotaciones ganaderas intensivas", concluyó el informe.