La presidenta de la Asociación de Hostelería de Valladolid, María José Hernández, mantuvo una reunión en la mañana de hoy con representantes de Hostelería España y del despacho de abogados Écija, para analizar los pasos a seguir tras la sentecia a favor de la hostelería en el País Vasco y que sienta un precedente para los recursos presentados y que están pendientes de resolución en las distintas autonomías y en el general presentado ante la Audiencia Nacional.

Actualmente, Hostelería de España tienen abiertos 22 procesos de recursos, similares a los del País Vasco, en distintas autonomías, y también un recurso a nivel nacional, presentado el pasado 13 de octubre en la Audiencia Nacional, que actualmente sigue su curso.

Por otro lado, también se interpusieron demandas de reclamaciones patrimoniales a nivel nacional y autonómico, ya que "se contempla la obligatoriedad de compensar a los hosteleros por el mayor sacrificio exigido durante la pandemia", sobre la Ley Orgánica del Estado de Alarma. La reunión mantenida con Hostelería España sirvió para aclarar los pasos a dar en la reclamación General.

Por otra parte, la Asociación de Hostelería de Valladolid animó a los hosteleros a utilizar la plataforma indemniza, respaldada por Hostelería España, para presentar reclamaciones patrimoniales por el impacto de los cierres por la COVID durante los 72 días incluidos en el primer estado de alarma.

La organización valoró este instrumento y expuso que se puede utilizar la pagina web www.hosteleria.indemniza.org, que contiene un simulador, para realizar las operaciones previas pertinentes. Indemniza efectuará las reclamaciones patrimoniales de los 72 días incluidos en el primer estado de alarma, desde el 14 de marzo al 21 de junio, realizando un informe pericial en base a la documentación fiscal que se aporte. 

La fecha limite para presentar toda la documentación concluye al cumplirse un año, el 14 de marzo, pero la fecha tope que se ha estimado para presentar una primera reclamación administrativa, necesaria para acudir posteriormente a la vía judicial, a través del contencioso administrativo, será el 1 de marzo.

El Gobierno Central tendrá seis meses para resolver, y si esta respuesta es negativa será el momento de acudir al Contencioso Administrativo.