Con relación al avance del contenido de la Sentencia del Impuesto de plusvalías "los parlamentarios nacionales del PSOE, el diputado Antidio Fagúndez y el Senador José Fernández, han querido replicar las reacciones del PP señalando, en primer lugar, que "para hacer una valoración adecuada de la sentencia del Constitucional que anula la aplicación de la plusvalía como impuesto municipal es necesario conocer la sentencia del Constitucional que no se ha publicado todavía".

Señalan los parlamentarios nacionales del PSOE por Zamora que el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (plusvalía) es de 1988, apareciendo publicado en el Boletín de las Cortes el 16 de septiembre de 1988. "Luego ha habido tres modificaciones: en 1998, en 2002 y en 2004, todas ellas en etapa de gobiernos del PP".

Desde entonces no se ha vuelto a tocar hasta el 9 de marzo de 2018, fecha en la que la mesa de la Cámara aprobó admitir a trámite y trasladar al Gobierno una proposición de Ley presentada por el Grupo Parlamentario del PP para modificar el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales del 2004.

Y en este sentido subrayan Antidio Fagúndez y José Fernández que "el Gobierno del PP podía haber impulsado un RDL y no quiso hacerlo. Optó por un camino más enrevesado y largo para hacer la reforma. Por lo tanto, es necesario destacar que también las últimas modificaciones de la plusvalía fueron realizadas por Gobiernos del PP.

Ya añaden que "hay replicar a los máximos responsables del PP de Zamora cuanto protestan contra el Gobierno actual por la sentencia del Constitucional. El "varapalo", como ellos lo denominan, es a una Ley del PP".

"Fueron los gobiernos del PP, todos ellos de la etapa Aznar y Montoro, los que realizaron textos y adoptaron medidas declaradas ahora como inconstitucionales por sentencia del Constitucional".

Por tanto, también hay que recordarle a Barrios que este impuesto "manoseado por los Gobiernos del PP" ya estaba sometido a controversia jurídica en los últimos años. En 2019 el TC lo declaró inconstitucional cuando la cuota fuera superior al incremento patrimonial. En 2017 ya se habían declarado inconstitucionales dos artículos que sometían a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor del inmueble.

El PSOE de Zamora ha informado que el equipo de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, está trabajando un borrador técnico de anteproyecto desde antes del verano que está a punto de ser llevado a un próximo Consejo de ministros para su aprobación. Sorprendentemente se ha adelantado la sentencia del Constitucional sobre el impuesto de la plusvalía.

Lo parlamentarios zamoranos también han querido poner valor que "se trata de un tributo municipal importante. La anulación causa un importante perjuicio a los Ayuntamientos y merma su capacidad de gestión. La plusvalía es un impuesto Potestativo igual que el impuesto de Construcciones. Hay ayuntamientos que no lo aplican. Y los ayuntamientos deciden también los tramos de aplicación del impuesto. No es igual en todos los sitios".

Aparecen en el registro de Hacienda 3.737 municipios (de régimen general, excluidos País Vasco y Navarra) en el 2021 que aplican la plusvalía sobre 8.131 ayuntamientos existentes. Cerca del 50% de los ayuntamientos no aplican la plusvalía. Muchos de ellos son ayuntamientos pequeños del mundo rural.

Antidio Fagúndez y José Fernández ponen el acento en que "lo que subyace de esta sentencia, pendiente de hacerse pública, tiene más calado. Tenemos que analizar como sociedad qué modelo fiscal queremos. El que recoge nuestra Constitución es el que aboga por un sistema tributario basado en los principios de igualdad y progresividad, esto es, un sistema tributario basado en la justicia social y solidaridad colectiva con unos servicios públicos de calidad y que pague más quien más tiene".

Concluyen el diputado nacional y el Senador zamoranos afirmando que "a la espera de que el Tribunal Constitucional publique la sentencia podemos asegurar que el Gobierno de España garantizará la constitucionalidad del tributo y ofrecerá seguridad jurídica a los contribuyentes y certidumbre a los ayuntamientos. Y recuerdan que "en 2003 el Gobierno de España compensó a los Ayuntamientos por la anulación del IAE (Impuesto de Actividades Económicas) a PYMES tras la reivindicación de la FEMP".