El brusco descenso del nivel del agua del Embalse de Ricobayo –a finales de junio se encontraba a más del 60% de su capacidad y hoy tan solo al 11%– tiene graves consecuencias no solo para el abastecimiento de las personas y la economía de los pueblos ribereños, sino también para los ecosistemas, para la fauna y la flora: muerte de peces y anfibios, imposibilidad de que prosperen los huevos de aquellas especies en época de desove, el rápido descenso del nivel freático en el entorno del vaso del embalse y la potencial eutrofización de las aguas por el rápido crecimiento de algas. Todo ello afecta al equilibrio medioambiental y la biodiversidad.
Estas consecuencias no son nuevas. Desde que se construyera la presa de Ricobayo en los años 30’ del siglo pasado, han sucedido varias etapas de sequía en las que el nivel del río ha estado incluso más bajo que ahora. Pero este año, la temida variable ambiental nos la han anticipado a comienzos del verano, en medio de una crisis climática sin precedentes que augura grandes sequías y en la que el agua será el recurso más necesario. Resulta cuando menos irresponsable vaciar el embalse en estos momentos y que administraciones públicas como la Confederación Hidrográfica del Duero lo permita.
El impacto negativo en las personas se refleja en el desabastecimiento de agua de varios municipios ribereños del embalse y en la ruina económica para los pequeños negocios hosteleros y de actividades de ocio que dependen exclusivamente de la época estival.
Iberdrola, empresa que presume de vender energía verde, deja el embalse como un desierto y lo justifica diciendo que “cumple con las condiciones recogidas en su concesión” y “atendiendo a las necesidades del mercado eléctrico”. Este verano, con los precios de la electricidad en máximos históricos, vemos que el beneficio de la empresa es más importante que el bien común de la ciudadanía.
La construcción del embalse de Ricobayo supuso la expropiación en aras del bien común de miles de hectáreas que las gentes de los pueblos cultivaban para sobrevivir. La electricidad producida viajó a las ciudades y a los centros industriales y las promesas de desarrollo para los territorios que vieron sus tierras más fértiles anegadas nunca se cumplieron.
La historia se repite: sólo en nuestra provincia se pretenden instalar 2300 MW de energía renovable a razón de miles de hectáreas expropiadas por otros cincuenta años. Es una larga lista de proyectos que tienen por objetivo la industrialización del campo, en este caso con el beneplácito de la Administración en todas sus esferas. De hecho, ahora los municipios ribereños acusan a Iberdrola de “prácticas no sostenibles y abusivas”, cuando, por otro lado, no dudan en poner a disposición de los promotores de energías renovables cientos de hectáreas de suelo rústico para la implantación de mega plantas solares fotovoltaicas.
La excusa de la emergencia climática maquilla de verde el expolio de tierras agrícolas que de nuevo sufre la comarca y cuyo único objetivo es el beneficio económico de las empresas y sus accionistas.
Desde Ecologistas en Acción de Zamora volvemos a preguntar: ¿De verdad necesita la provincia generar tanta electricidad? ¿Dónde irá esta vez el dinero que reportan estas instalaciones? ¿Alguien cree a estas alturas que el poco desarrollo que ha podido conseguir Zamora está relacionado únicamente con Iberdrola?
La explotación de los embalses no puede estar solo en manos de las empresas hidroeléctricas. El agua que contienen es un recurso de primera necesidad para todos, especialmente con la grave perspectiva del cambio climático. Todos estamos de acuerdo en la necesidad de las energías renovables, pero es urgente que el Gobierno actualice las concesiones realizadas en su día y planifique y ordene un futuro que se vislumbra cada día más difícil.