Zamora

Ayuntamiento y la Junta, unidos por las viviendas de alquiler social

19 marzo, 2018 15:56

El alcalde de Zamora, Francisco Guarido, y el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez·Quiñones, han firmado esta mañana un convenio para intensificar la colaboración entre la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento y agilizar el acceso temporal a una vivienda a aquellas personas y familias en situación de vulnerabilidad o exclusión social y contribuir así a su integración social.

El convenio se enmarca en el protocolo de colaboración firmado el pasado mes de noviembre entre las Consejerías de Fomento y Medio Ambiente y Familia e Igualdad de Oportunidades con la Federación Regional de Municipios y Provincias para gestionar de forma coordinada el parque público de viviendas destinado a cubrir situaciones de vulnerabilidad o exclusión social.

Este acuerdo incide en facilitar al ciudadano la gestión del recurso mediante su solicitud a un solo organismo, sin reenvíos ni necesidad de acudir a ninguna otra instancia.

Parque Público de Alquiler Social.

El Programa de Vivienda Social en Castilla y León, cuyas líneas maestras son fruto del Diálogo Social, se centra en el fomento del alquiler, como eje prioritario sobre el que se viene sustentando la política de vivienda en esta legislatura, concretado, en primer lugar, en el mantenimiento y ampliación de las convocatorias de subvenciones al alquiler, con un apoyo decidido a las personas con rentas más bajas, y complementado con la creación de un parque público de viviendas en alquiler social, entendido como servicio público de interés general.

Según informó el consejero, el parque público de alquiler social dispone actualmente de 1.765 viviendas, de las que 240 se encuentran en la provincia de Zamora y de ellas, 71 en la propia capital y el resto repartidas en otros 20 municipios.

Este parque de alquiler social se nutre de viviendas incorporadas de distintas procedencias: las propias de la administración autonómica desocupadas y reservadas para colectivos en riesgo de exclusión social; otras cedidas por la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb); las incluidas en el Programa Rehabitare, que son cedidas por los ayuntamientos a la Junta para su rehabilitación y posterior alquiler en el medio rural; y las viviendas de protección pública propiedad de Somacyl que actualmente se ofrecen en régimen de alquiler con opción a compra. A ellas se añade una nueva línea para la reutilización de casas parroquiales en desuso, que son cedidas por los Obispados para su destino al alquiler social, mediante convenios que se están firmando con la Consejería.

Sin embargo en el caso de Zamora esta disponibilidad de viviendas se incrementará en un futuro próximo con la incorporación de otras 9 viviendas que aportará el propio Ayuntamiento; dos de ellas que en estos momentos se están arreglando para su adecuada habitabilidad en el barrio de Alviar, y otras siete que encuentran vacías entre las viviendas municipales de San José Obrero y que está previsto rehabilitarlas para ponerlas a disposición del alquiler social, con un presupuesto estimado de 300.000 euros y con cargo a los proyectos sostenibles de los remanentes presupuestarios de 2017.

Por otro lado y, tal y como señaló el consejero Carlos Suárez·Quiñones, la vivienda constituye un elemento fundamental para la integración social de las personas y familias. En los casos de especial vulnerabilidad social, la falta de vivienda, o la pérdida de ésta por circunstancias sobrevenidas, unido a otros factores de desventaja social, incrementan el riesgo de exclusión social. Por este motivo, en determinadas situaciones se hace necesaria la intervención de los sistemas de protección social, para que, desde un enfoque integral, se pongan en marcha medidas específicas de apoyo en el ámbito de la vivienda dirigidas a minimizar el impacto que estas circunstancias tienen en estas personas y familias. El alcalde incidió aún más en esta necesidad de intervención pública toda vez que el derecho a la vivienda está recogido en la propia Constitución y es un deber de las administraciones públicas ayudar a las personas que más lo necesitan.

De acuerdo con este convenio los Centros de Atención Social (CEAS) del Ayuntamiento de Zamora, a los que acudirá el ciudadano, valorarán las situaciones de riesgo de exclusión social de las personas o familias y acreditarán la necesidad de acceso a una vivienda en régimen de alquiler social dando directamente traslado de la petición a la Junta de Castilla y León a través del Servicio Territorial de Fomento para dar lugar a la actuación singular solicitada. De esta forma, como dijo el alcalde, lo que antes podía ser una colaboración esporádica para determinados casos de urgencia social entre el Ayuntamiento y los Servicios Sociales de la Junta, ahora se convierte en una cooperación continua y permanente en el tiempo.

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente mantiene informados permanentemente y de forma actualizada a los servicios sociales del Ayuntamiento sobre el número de viviendas disponibles en Zamora, información que trasladarán a los interesados dándoles el asesoramiento y orientación profesional necesarias para formalizar la solicitud, a través de la Red de Protección a las familias afectadas por la crisis. Un sistema de intercambio de información y de gestión conjunta entre la Junta y Ayuntamiento en favor de una gestión del servicio público más rápida y eficaz, sin que el ciudadano que se encuentra ante una situación de necesidad tenga queacudir a otra instancia u oficina que no sea el CEAS correspondiente.

Por otra parte la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades facilitará el acceso a la información y al alquiler social de una vivienda del parque público de viviendas a las personas vulnerables, en las siguientes situaciones: cuando la interlocución que lleva a cabo el Servicio integral de apoyo a familias en riesgo de desahucio no resuelva la situación de impago y la persona pierda su vivienda habitual; en el caso de víctimas de violencia de género con pocos recursos económicos, y en los casos de familias con menores de edad que presentan carencia de medios económicos, con difícil empleabilidad y dificultades para acceder a una vivienda en alquiler. Además, como responsable de la Red de Protección a las familias, la Consejería de Familia va a coordinar a nivel regional, la gestión de aquellas solicitudes de vivienda dirigidas a un municipio distinto al de origen, como pueda ser el caso de una mujer víctima de violencia de género sin recursos que precise por sus circunstancias, de una vivienda en otra provincia.

Además, ambas administraciones constituirán una Comisión de Seguimiento para velar por el cumplimiento de los objetivos del convenio, que tendrá una vigencia inicial de cuatro años.