La voz temblorosa y la risa nerviosa con la que se expresa muestran a las claras la auténtica pesadilla que vive Loli Álvarez García, de 42 años. Ella reside en Laguna de Duero (Valladolid) y este jueves, 22 de octubre, iba a ser desahuciada de su vivienda tras años de pleitos contra el Banco Santander, aunque el juez ha concedido ahora una prórroga hasta el próximo 19 de noviembre.
En cualquier caso, un sufrimiento que se alarga, sí, pero que no desaparece. Es madre de tres hijos, de 18 meses y 8 y 10 años. No trabaja porque tiene una discapacidad reconocida del 71%. Su marido, de origen indio, tampoco, aunque se encuentra en búsqueda activa.
Una vulnerabilidad acreditada, también por los servicios sociales y reconocida por el juez, que, en cualquier caso, no le sirve para paralizar su desahucio. Y todo porque las últimas medidas impulsadas por el Gobierno de España, que no cuentan con los apoyos necesarios y que han propiciado la convocatoria de elecciones generales, no cubren un caso como el suyo.
"Me siento abandonada. Te dicen que han hecho esto para paralizar los desahucios, pero si hay letra pequeña se les ha olvidado decirlo en la tele", sostiene en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.
Loli denuncia que Pedro Sánchez, y los políticos en general, "se den aplausos y se pongan medallitas con que han parado los desahucios" porque, en la práctica, no es así. "Han parado lo que les ha dado la gana", lamenta.
La razón no es otra que las nuevas medidas se aplican a los casos de alquiler y a requisitos muy concretos. El de Loli es de naturaleza hipotecaria, por una deuda que arrastra su padre tras el cierre de su empresa a raíz del dinero que le debía otra compañía que entró en concurso de acreedores.
Años de proceso y angustia
Todo se remonta a hace varios años. El padre de Loli tenía una empresa en Laguna de Duero que, a su vez, tenía como cliente una compañía de Barcelona que había generado una deuda con este cercana a los dos millones de euros.
La empresa catalana terminó entrando en concurso de acreedores y, entonces, el padre de Loli no cobró aquel dinero con el que, en un principio, sí que contaba. Esto generó una deuda en la familia vallisoletana y un momento "muy difícil" para ellos.
Aunque trataron de salir adelante, sumado a dos ictus que sufrió el progenitor de Loli, la empresa terminó cerrando. Y Loli, que vivía desde 2019 en la vivienda de los terrenos donde estaban las naves industriales tras dejarlo con su expareja, se vio envuelta en la situación.
El padre de Loli trató de negociar con el Banco Popular, con el que contrajo la deuda entonces, diversas soluciones, como la posibilidad de pagar con unos terrenos que tenía y tiene a su nombre.
Al comienzo todo fueron buenas palabras y les trataron "muy bien". Pero el Banco Santander absorbió a la otra entidad y comenzó la pesadilla.
"Mi padre fue a hablar con el Banco Santander para ver cómo solucionar la situación y negociar. Pero le empezaron a dar largas", recuerda.
Incluso apunta que llegó a ir a Madrid a una de las sedes centrales de la entidad y terminaron echándole. Tampoco le dejan entrar a la sucursal en Laguna de Duero.
"No puede ser que quiera negociar una deuda y le estuvieran dando largas", recalca Loli. De repente, con la pandemia del Covid todo el proceso quedó paralizado, pero un día apareció una persona en su vivienda para decirles que los terrenos iban a subastarse al día siguiente.
"Nunca hemos recibido ninguna notificación de embargo. Nos enteramos a través de este señor de que se iba a subastar, pero nadie pujó y se lo adjudicó el Banco Santander. Hay muchísimas irregularidades en el proceso", asegura Loli.
Varios intentos de desahucio
Mientras tanto, los problemas comenzaron a agravarse en el año 2021. Loli recalca que la deuda de su padre "se tenía que haber saldado con dos tierras" que tenía su padre, pero la entidad "quiere más".
Garantiza que no sabe "en qué se han basado" porque apelan a unos avales que señalan la nave y la vivienda como suelo rústico, aunque está legalizada desde marzo de 1993. Precisamente, en un primer intento de desahucio ahora hace cinco años la jueza lo paralizó al ver que estaba construida y que había menores viviendo.
Antes de esto, hubo un lanzamiento programado. Pero nadie acudió. Desde aquello, pasaron los años hasta que en 2024 les tocó ir a juicio, donde tanto Loli como su padre entregaron la documentación necesaria así como las pruebas de que ella estaba residiendo allí junto a su marido.
El proceso se paralizó un año más, hasta 2025, y consiguieron una prórroga de cuatro meses, hasta febrero de este año, mientras Loli mantenía contacto con los servicios sociales en busca de una alternativa.
Llega febrero y el juzgado alega a los servicios sociales que tenían "muchísimo trabajo y estaban bloqueados". Fue el pasado 24 de septiembre cuando la abogada de Loli recibió la notificación del lanzamiento para este 22 de octubre.
"Ese mismo día hago un documento en los servicios sociales para pedir a Fomento una casa de emergencia social, es decir, saltarme toda la lista para que me dieran una casa, ya que tenía la orden de lanzamiento", relata.
Su abogada, mientras tanto, presentó un recurso, aludiendo a los 'decretos Maricarmen', pero el auto definitivo rechazándolo llegó el pasado viernes, 16 de octubre.
"Decían que no se iba a paralizar, que no teníamos derecho y que según la nueva ley es solo para inquilinos, no para casos hipotecarios, que estábamos desprotegidos y que él (el juez) ya sabía que somos vulnerables, pero que la ley es la ley y ya está", afirma.
"Es muy raro todo"
Justo después de hablar con este periódico, Loli ha recibido la notificación de que el lanzamiento se posponía hasta el próximo 19 de noviembre a las 11:30 horas. Sin embargo, reconoce sentirse "engañada".
Primero porque asegura haber visto casos de personas en su misma situación, con problemas de hipoteca y no de renta, en los que los jueces han parado el procedimiento.
En su opinión, considera que "es muy raro todo" y asegura sentirse "abandonada" por la clase política. Loli se muestra consciente de que tarde o temprano le tocará abandonar su casa, por eso ya ha comenzado a sacar sus pertenencias.
La opción que le queda en el momento que se produzca el desahucio es ir a un motel que los servicios sociales han conseguido como alternativa temporal, hasta que Loli y su familia encuentran un nuevo hogar para vivir.
Mientras tanto, la vallisoletana agradece a la sociedad todas las muestras de cariño en redes sociales, aunque admite que no las mira porque sabe que también se encuentra comentarios "malos".
Esta gratitud la hace extensiva tanto a quienes la están apoyando como a los servicios sociales, que están trabajando en paliar su situación. "No me gusta haber hecho esto, tener que acudir a los medios, no me gusta destacar, pero ha sido para poder tener aunque sea unas mínimas semanas para poderme alojar en otro sitio", zanja.