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El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, decidirá "en los próximos días" si vuelve a incluir el término de violencia de género dentro del protocolo de acceso a la vivienda de la Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda (VIVA), después de toda la polémica alrededor del cambio a violencia doméstica.

Tal y como ha explicado este viernes, 25 de septiembre, en un acto en la Plaza Mayor, el primer edil se encuentra "a la espera" de recibir el informe que ha solicitado a los servicios jurídicos para dilucidar si es necesario o no rectificar la medida.

Fue en el pleno del pasado 14 de septiembre cuando Carnero anunció que había solicitado dicho informe jurídico para conocer la implicación que conllevaba este cambio de términos, aunque siempre ha defendido que la violencia de género aparece reflejada en el plan director que regula dicho protocolo.

Será el resultado del documento el que marcará la posición del Ayuntamiento de Valladolid en la siguiente reunión de VIVA, prevista para la próxima semana, donde uno de los puntos del orden del día propuestos es una nueva modificación del protocolo para volver a incluir la violencia de género.

"En función de lo que señale ese informe lógicamente procederemos en el órgano que está convocado", ha avanzado el regidor vallisoletano.

Amenaza del Ministerio

Precisamente, este pasado jueves, el Ministerio de Igualdad mantuvo una reunión con la Coordinadora de las Mujeres de Valladolid, la Delegación del Gobierno en Castilla y León y representantes de CC.OO.

La ministra del ramo, la vallisoletana Ana Redondo, fue tajante ante lo vivido en el Ayuntamiento de Valladolid y amenazó con retirar subvenciones a los organismos que eliminen la violencia de género de sus protocolos.

Según resaltó Redondo, este tipo de actuaciones constituyen un "incumplimiento" de la Ley de Violencia de Género y confirmó que el Ministerio de Vivienda estaba estudiando emprender acciones legales contra el Consistorio vallisoletano.

La decisión de lanzar esta amenaza, según explicó la ministra, es evitar que este tipo de modificaciones puedan volver a producirse en otras administraciones y volvió a pedir al Ayuntamiento que "rectifique el protocolo, explique con transparencia los motivos y el fundamento jurídico".

Pero, para saber si Carnero atiende a la petición de la ministra, habrá que esperar primero a la llegada del informe jurídico que determine si es necesario o no volver a incluir el término en el protocolo.