La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León ha exigido explicaciones a Adif por la retirada del cerramiento histórico situado en el acceso a la estación de Valladolid-Campo Grande.
En un comunicado, ha lamentado la pérdida de un "elemento histórico vinculado durante más de un siglo a la imagen de la estación" y ha respaldado la preocupación trasladada por los ciudadanos vallisoletanos ante una medida de carácter "irreversible".
“Por respeto al patrimonio y a los ciudadanos”, considera imprescindible aclarar “con rigor” quién ha proyectado, autorizado y ejecutado esta actuación, y ha pedido evitar que se trasladen responsabilidades “a una Administración que no ha participado en ninguna de esas decisiones”, asegura.
Desde la Consejería indican que el cerramiento retirado no estaba declarado Bien de Interés Cultural, no se encontraba inventariado ni figuraba individualmente protegido en el catálogo del PGOU de Valladolid.
La actuación se enmarca en las obras de remodelación de Valladolid-Campo Grande promovidas y ejecutadas por ADIF Alta Velocidad, dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.
“Fue ADIF quien decidió incorporar al proyecto una nueva plaza abierta que prescindía del cerramiento histórico y quien finalmente ha ejecutado materialmente su retirada”, señala.
La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte “no proyectó el derribo, no lo autorizó y no lo ejecutó. Su intervención en estas obras se circunscribe a las competencias que legalmente le corresponden en materia de tutela arqueológica”.
Asimismo, remarca que la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural está realizando ese seguimiento y, el pasado 11 de agosto, recibió de conformidad el informe parcial de control y documentación arqueológica presentado por ADIF, dejando expresamente establecido que las obras continúan sometidas a supervisión y que deberá presentarse la correspondiente memoria final.
Política ferroviaria "impuesta" por el Ministerio
Por ello, la Consejería considera que “es el Gobierno de España, a través de ADIF como promotor de una actuación de más de 200 millones de euros, quien debe explicar por qué optó por un diseño que implicaba la desaparición de un elemento histórico perfectamente reconocible del entorno de Campo Grande y por qué no contempló su conservación, integración o reutilización dentro de la nueva plaza”.
Reiteran además que una actuación de “esta magnitud en un entorno histórico exige algo más que el estricto cumplimiento administrativo: exige sensibilidad hacia la historia de la ciudad y hacia los elementos que durante generaciones han formado parte de su paisaje urbano”.
Pero también apuntan que lo sucedido tampoco puede analizarse de manera aislada. “Es una consecuencia más de una política ferroviaria impuesta por el Ministerio de Transportes tras su renuncia al necesario soterramiento de las vías en Valladolid”.
El Gobierno de España decidió “abandonar esa solución y sustituirla por un modelo de integración que está transformando profundamente el entorno de la estación. Y cuando se impone una actuación de esta envergadura frente a las aspiraciones de una ciudad, existe una obligación todavía mayor de medir cada decisión y valorar hasta sus últimas consecuencias su impacto urbano, histórico y patrimonial”.
Desde la Consejería argumentan que el Ministerio no puede pretender transformar Valladolid “a golpe de proyecto” y presentar después cada una de sus consecuencias como decisiones meramente técnicas.
“Su empeño en sacar adelante este modelo ferroviario no puede convertirse en una sucesión de hechos consumados que vaya alterando la fisonomía y la memoria de la ciudad sin la sensibilidad que merece”.
La desaparición de este cerramiento histórico en su opinión, “es una seria advertencia de lo que puede ocurrir cuando la ejecución de una gran infraestructura prima sobre una visión integral del entorno en el que se interviene”.
Por eso, la Consejería anuncia que va a exigir al Ministerio y a ADIF explicaciones, transparencia y, sobre todo, el máximo respeto al patrimonio en todas las actuaciones que todavía quedan por ejecutar."
La Consejería va a solicitar formalmente explicaciones y toda la documentación correspondiente a ADIF, incluyendo la documentación del proyecto relativa al cerramiento, la información gráfica previa a su retirada y el destino dado a los elementos pétreos conservables, especialmente los pilares y remates históricos.
Asimismo, se solicitará su conservación con el objetivo de estudiar su posible recuperación e integración en la futura ordenación del entorno.
Del mismo modo, indican que se recabará del Ayuntamiento de Valladolid la documentación correspondiente a las autorizaciones emitidas en el ámbito de sus competencias, con el único propósito de disponer de toda la información y verificar que se han cumplido correctamente los procedimientos previstos en la legislación de patrimonio cultural.
La defensa del patrimonio “debe hacerse desde la ley"
La Consejería se ha dirigido también a quienes reclaman la apertura inmediata de expedientes sancionadores, asegurando que la defensa del patrimonio “debe hacerse desde la ley y no desde la utilización política de la ley”.
“No puede sancionarse una actuación por el mero hecho de que genere rechazo o controversia”, puntualizan.
La potestad sancionadora exige la existencia de una infracción legalmente tipificada y, con la información disponible hasta este momento, no existe fundamento jurídico para afirmar que se haya producido una infracción sancionable. Si del análisis de la documentación requerida surgiera cualquier irregularidad, la Consejería actuará con toda la contundencia que permita la legislación vigente.
La Consejería manifiesta que su objetivo es “mirar hacia delante y evitar que situaciones semejantes puedan repetirse”.
Por ello, avanza que se reforzará el seguimiento patrimonial de las siguientes fases de las obras de la estación, especialmente de aquellas que puedan afectar al edificio histórico y a su entorno, y se estudiará de oficio la protección de los elementos más relevantes del patrimonio ferroviario de Campo Grande mediante las figuras incorporadas a la nueva Ley de Patrimonio Cultural de Castilla y León.
Asimismo, la Consejería propondrá la puesta en marcha de mecanismos específicos de seguimiento y coordinación sobre el Conjunto Histórico y el patrimonio ferroviario e industrial de la ciudad.
“Nuestro objetivo no es buscar excusas después de que desaparezca un elemento histórico, sino anticiparnos, identificar aquello que merece ser conservado y utilizar todos los instrumentos que ofrece la ley para protegerlo antes de que sea demasiado tarde”, indican.
Para finalizar, expuso que la posición de la Consejería es “inequívoca”, lamenta la desaparición del cerramiento; “rechaza cualquier intento de atribuir a la Consejería una decisión que no tomó ni autorizó”; exigirá al Ministerio y a Adif las explicaciones correspondientes; y utilizará sus competencias para reforzar la protección del patrimonio ferroviario que permanece.
“El patrimonio de Castilla y León se defiende con rigor, con responsabilidad y actuando. Y eso es exactamente lo que va a hacer esta Consejería”, sentenció.