El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha librado al expresidente de la Federación de Asociaciones Gitanas de Valladolid de abonar más de 191.000 euros reclamados por la Consejería de Economía y Hacienda.

La Administración autonómica pretendía cobrarle de forma subsidiaria el dinero no devuelto de dos subvenciones concedidas en 2017 por la Gerencia de Servicios Sociales y el Servicio Público de Empleo (ECYL).

En una sentencia dictada el pasado 12 de mayo de 2026, la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo con sede en Valladolid ha estimado el recurso presentado por la federación de asociaciones y ha anulado los acuerdos de la Junta que le exigían asumir esas cuantías.

El fallo determina la "nulidad radical" de todo el proceso recaudatorio al haberse dirigido contra un sujeto que ya había dejado de existir jurídicamente.

Según detalla la resolución judicial, la Federación de Asociaciones Gitanas de Valladolid fue declarada en concurso de acreedores e inmersa en un auto firme de extinción y cancelación registral dictado por el Juzgado de lo Mercantil el 26 de noviembre de 2019.

Pese a tener constancia formal de la desaparición de la entidad, la Junta de Castilla y León inició los expedientes de reintegro de las ayudas meses después —en 2020—, notificando las resoluciones en un buzón electrónico que ya estaba inoperativo por la propia disolución de la asociación.