El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y otros cuatro consejeros de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad (SVAV) han sido denunciados penalmente ante la Fiscalía General del Estado por presunta administración desleal a raíz del bloqueo de obras ya proyectadas de la integración ferroviaria.
Una noticia que ha sido recogida por el propio Carnero con "respeto absoluto" a las decisiones judiciales que puedan derivarse, pero ha incidido en que seguirá "defendiendo los intereses de los vallisoletanos" y ha asegurado que ha actuado "ejerciendo dentro de la SVAV los derechos que nos competen".
En este sentido, ha asegurado afrontar todo esto con "tranquilidad y conciencia absoluta" y ha insistido en la defensa de los derechos que le corresponden "en la defensa de los intereses legítimos de todos y cada uno de los vecinos y vecinas".
Sobre la acusación de decisiones arbitrarias, sin soporte técnico y partidistas, Carnero ha asegurado que "siempre" se ha hecho con "criterios técnicos y de defensa de los mejores intereses". "No hay más. En ese rango nos seguiremos moviendo, que nadie dude que vamos a seguir y el primer interés es la movilidad de la ciudad. Ahí vamos a estar siempre, expectantes, alerta y trabajando", ha reiterado.
Preguntado sobre si esta denuncia le sorprende justo a poco menos de un mes de las elecciones autonómicas, Carnero se ha preguntado si "caben ya más sorpresa en este país". "No me sorprende en absoluto, ni esto ni lo contrario. Estamos en un estado que es el estado de la alerta sorpresiva continuada", ha zanjado.
La denuncia ha sido presentada por la Asociación Cultural Ciudad Sostenible (ACCS), la Asamblea Ciclista de Valladolid (Asciva) y el Ateneo Repúblicano de Valladolid, aludiendo a un presunto delito de administración desleal del artículo 252 del Código Penal.
Además de a Carnero y a Quiñones, en la denuncia también se incluye a otros cuatro consejeros de la SVAV entre los que se encuentran los concejales de Tráfico y Movilidad, Alberto Gutiérrez Alberca, y de Urbanismo y Vivienda, Ignacio Zarandona, además del secretario general de la Consejería Medio Ambiente, Ángel Marinero, y la directora general de Urbanismo de este mismo departamento, María Pardo.
Para los denunciantes, estos seis consejeros de la SVAV "han usado su puesto para impedir la licitación y ejecución de obras ya proyectadas, lo que constituye una obstaculización intencionada sin sustento en ningún informe técnico, basada únicamente en criterios de oposición política, lo que ha supuesto que con sus decisiones hayan paralizado la actividad de la sociedad".
Tildan los hechos de "inacción negligente" y han denunciado una "desviación del objeto social" de la SVAV haciendo que los fondos no se hayan destinado a su "finalidad legal, incumpliéndose así el principio de buena administración y el deber de diligencia que incumbe a quienes ejercen funciones directivas sobre patrimonio público".
Para estas formaciones, los denunciados han actuado "de forma desleal, ilegal e indecente" y han recordado que estos reivindican "un soterramiento ya descartado unánimemente", sin que hayan aportado "absolutamente nada que justifique su viabilidad técnica, financiera ni la más mínima posibilidad de que la SVAV comulgue con esa falaz rueda de molino".