Un grupo criminal, liderado por la cabecilla y al que pertenecían otros tres miembros, será juzgado en la Audiencia Provincial de Valladolid durante tres días la próxima semana por diversos presuntos delitos relacionados con la prostitución y contra los derechos de las personas extranjeras, solicitando la Fiscalía Provincial penas de 63 años de prisión en conjunto.

Siempre según el escrito de acusación del Ministerio Público, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL de Castilla y León, los hechos se remontan entre marzo de 2022 y finales de 2023. En ese tiempo, se desarrolló un entramado que generó una ganancia estimada, según los investigadores, de aproximadamente 300.000 euros para la cabecilla.

Las víctimas, que presentaban problemas económicos, personales o familiares, eran captadas en Venezuela y Colombia, bien por contactos de la líder del grupo o por miembros del mismo, entre los que estaba su hijo y la pareja de este. Todas las víctimas, que llegaban a España en distintas circunstancias, eran engañadas bajo la promesa de que iban a ganar mucho dinero trabajando aquí, bien en sectores de modelaje o en páginas para adultos pero sin contacto personal.

Posteriormente, se las informaba que habían generado una deuda de entre 5.500 y 6.500 euros, que debían satisfacer a través de los servicios sexuales y a partir de que la saldasen, cobrarían los servicios al 50% con la cabecilla. Además, esta última iba añadiendo a esta deuda algunos complementos por gastos en las páginas de anuncios especializadas o vivienda.

Las víctimas, en esta causa se habla de tres, eran contratadas por la propia cabecilla en régimen de alquiler semanal de una habitación en viviendas de la provincia de Valladolid, Gijón, Irún o Logroño, entre otras. Estos eran domicilios en los que se ejercía la prostitución, pero los titulares de estos desconocían la situación concreta de las víctimas de esta causa.

Cada cierto tiempo, las víctimas eran trasladadas de una provincia a otra cada pocas semanas para el ejercicio de la profesión sexual. Además, cabe resaltar que debían estar siempre 24 horas operativas para recibir clientes, no pudiéndose negar, y para salir de la vivienda necesitaban del permiso de la cabecilla, que se lo daba únicamente en alguna ocasión para comprar enseres para subsistir.

Así se expone en el escrito de la Fiscalía, donde se le imputa a la cabecilla tres presuntos delitos de trata de seres humanos con finalidad de explotación sexual de la víctima, uno continuado contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y un tercero de pertenencia a grupo criminal.

Para esta, se solicita un total de 27 años de cárcel, mientras que a los colaboradores se les pide, para dos de ellos, 9 años por el delito de trata y grupo criminal, y 18 para un tercer miembro por dos de trata y grupo criminal. Además, la Fiscalía también reclama la imposición de una indemnización a cada víctima de 80.000 euros, a pagar por los implicados proporcionalmente.