Tres años y medio de cárcel por un presunto delito continuado de descubrimiento y revelación de secretos. Esta es la pena a la que se enfrenta un guardia civil en Valladolid después de utilizar los antecedentes policiales de su inquilino para presionarle en el pago de la cuota de arrendamiento, según el escrito de acusación de la Fiscalía Provincial.
La Sección nº2 de la Audiencia Provincial acogerá la próxima semana el juicio contra el agente, quien, siempre según la Fiscalía, se valió de su condición de guardia civil sin que mediara causa legal por delito y a sabiendas de que carecía de la correspondiente autorización para consultar el fichero INTPOL de su inquilino.
Tal y como se señala en el escrito de acusación, el encausado es propietario de una vivienda en la calle Jacinto Benavente de Valladolid, la cual alquiló en 2021 a un hombre que puso a su tío de avalista.
Con el objetivo de realizar comprobaciones previas de su futuro arrendatario y de su avalista, supuestamente, prevaliéndose de su condición de guardia civil y en el ejercicio de su condición profesional consultó el fichero policial de las víctimas.
Posteriormente, en 2023, cuando el inquilino se retrasó en el pago de las mensualidades, volvió a acceder al fichero con el objetivo de tener información que le permitiera ejercer presión para conseguir el abono de las cantidades que quedaron pendientes.
La Fiscalía entiende que estos hechos son constitutivos de un supuesto delito continuado de descubrimiento y revelación de secretos. Por ello, además de la pena de prisión, también solicita una multa de 7.200 euros y la inhabilitación como agente de la Guardia Civil durante 9 años.