La Audiencia de Valladolid va a celebrar el miércoles 4 y el jueves 5 de febrero juicio con jurado popular contra S.L.G por un presunto delito de cohecho después de que esta persona intentara comprar al alcalde de San Vicente del Palacio para no demoler un talud en una gasolinera del municipio vallisoletano, como señala el escrito de Fiscalía al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL de Castilla y León.
Un juicio que, como señala el escrito al que ha tenido acceso este periódico, se va a celebrar con jurado popular y que se celebrará en la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia de Valladolid.
El escrito señala que la empresa gestora del área de servicio del municipio tenía pendiente la ejecución de la demolición de un talud que derivaba de Decreto de Alcaldía de 11 de diciembre de 2013 del Ayuntamiento de San Vicente del Palacio, y por el que el propio consistorio había acordado la imposición de multas coercitivas.
El 8 de febrero de 2021, el alcalde de la localidad, Miguel García Sáez se acercó al área de servicio con el fin de comprobar las obras que se estaban llevando a cabo a cargo de la empresa en el acceso de la estación de servicio ubicada en la A-6, salida 147, donde se encontraba el acusado, encargado de las obras.
El primer edil le recordó la “necesidad de ejecución de la resolución del Ayuntamiento” a lo que el acusado le manifestó que “no fuera bobo, que esas cosas se arreglaban con dinero negro”.
Al día siguiente, el 10 de febrero, como apunta la Fiscalía, el alcalde y el ahora encausado tuvieron varias conversaciones en las instalaciones de la gasolinera donde el acusado “intentó convencer al primer edil para que se olvidara de la ejecución de demolición del talud ofreciendo dinero negro”.
“A ver, si eso vale 15.000 euros y hay que darte a ti la mitad, pues se te da la mitad”, espetó el acusado al alcalde que rechazó la propuesta.
Unas conversaciones que, como señala la Fiscalía, fueron realizadas por el acusado “sin mandato o decisión de la empresa”.
Los hechos narrados, según el Ministerio Fiscal, son constitutivos de un delito de cohecho y piden para el acusado tres años y seis meses de prisión y también una multa de 12 meses a razón de seis euros al día.
También la inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de nueve años.