La Cámara de la Propiedad Urbana de Valladolid ha manifestado su preocupación tras la aprobación del Real Decreto-ley 16/2025, publicado en el Boletín Oficial del Estado el pasado 24 de diciembre, que prorroga hasta el 31 de diciembre de 2026 la suspensión de los juicios de desahucio y los lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional.
La organización recuerda que esta medida nació durante la pandemia como una respuesta excepcional y temporal a la crisis sanitaria, pero que, casi seis años después, se mantiene de forma continuada a la espera de su convalidación parlamentaria.
A juicio de la Cámara, esta prolongación está teniendo “efectos perjudiciales” tanto para los arrendadores como para los propios inquilinos en situación de vulnerabilidad.
Según señala la entidad, las sucesivas prórrogas suponen una limitación prolongada del derecho a la propiedad privada, reconocido en el artículo 33 de la Constitución, al dificultar que los propietarios recuperen la posesión de sus viviendas y perciban las rentas en plazos razonables.
“Lo que fue una solución de urgencia se ha convertido en un mecanismo permanente que traslada a los propietarios cargas que corresponden al Estado”, advierten.
La Cámara subraya que esta situación de inseguridad jurídica está provocando que “muchos propietarios opten por no alquilar sus viviendas para uso habitual y se decanten por contratos temporales, turísticos o de habitaciones, considerados de menor riesgo”.
Como consecuencia, se reduce la oferta de vivienda en alquiler para los colectivos más vulnerables, precisamente aquellos a los que la medida pretende proteger. Además, la prolongación de las suspensiones, añaden, “desincentiva el pago de la renta al no tener el incumplimiento efectos inmediatos”.
Muchas dudas
La entidad también plantea dudas sobre la constitucionalidad del uso reiterado del Real Decreto-ley. Recuerda que el artículo 86 de la Constitución limita este instrumento a situaciones de urgente y extraordinaria necesidad, una condición que, a su juicio, resulta difícil de sostener tras casi seis años de aplicación continuada, especialmente en un contexto económico que el propio Gobierno califica como favorable.
A ello se suma el uso de fondos públicos destinados a vivienda social para compensar a los arrendadores, una solución que, según la Cámara, no ataca el problema de fondo.
Frente a esta prórroga, la Cámara de la Propiedad Urbana de Valladolid recuerda que el ordenamiento jurídico ya contempla mecanismos ordinarios para suspender desahucios en casos de vulnerabilidad.
En concreto, la Ley de Enjuiciamiento Civil establece un sistema con control judicial, intervención de los servicios sociales, audiencia al arrendador y plazos máximos de suspensión, que permite equilibrar la protección social con la tutela judicial efectiva y el derecho de propiedad.
Por todo ello, la Cámara califica la prórroga de innecesaria y contraproducente y sostiene que existen instrumentos legales suficientes para proteger a los hogares vulnerables sin menoscabar los derechos de los arrendadores.
A la espera de su tramitación en el Congreso, la entidad hace un llamamiento a todas las fuerzas políticas para abordar esta cuestión con una reflexión profunda y alejada de planteamientos partidistas, y para que las Administraciones Públicas asuman las responsabilidades que les corresponden en materia de vivienda.