Durante años, la promesa de un tratamiento dental fue la puerta de entrada a una estafa organizada. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha confirmado ahora, de forma íntegra, la condena impuesta por la Audiencia Provincial de Valladolid a los responsables de una trama que utilizó la financiación de supuestos tratamientos bucodentales como cobertura para obtener préstamos personales mediante documentación falsa.

Una operativa sostenida en el tiempo, con decenas de afectados y un perjuicio económico millonario para distintas entidades financieras.

Entre los condenados se encuentra Rubén A.R, inductor del asalto a una vivienda de la plaza de Circular en la que falleció un anciana, y al que entonces le fue impuesta una pena de once años y medio por homicidio e intento de robo.

La sentencia, dictada por la Sala de lo Civil y Penal del TSJ con sede en Burgos, pone el foco en el papel central del principal acusado, titular de una clínica dental en Valladolid, que actuó junto a otras personas como captadores.

El esquema era siempre similar: se contactaba con individuos en situación económica precaria, a menudo sin ingresos estables o con dificultades para acceder al crédito, y se les ofrecía la financiación de un tratamiento dental que, en muchos casos, nunca llegó a realizarse.

Para lograr que los préstamos fueran aprobados por los departamentos de riesgos de las entidades bancarias, la trama elaboraba o manipulaba nóminas, declaraciones de la renta, vidas laborales y otros documentos que aparentaban una solvencia inexistente.

Una vez concedido el crédito, el dinero se repartía entre el acusado principal y el prestatario. A partir de ese momento, el préstamo quedaba impagado y la deuda recaía sobre personas que ya partían de una situación de vulnerabilidad.

Los hechos probados recogen operaciones formalizadas principalmente entre 2016 y 2017 con entidades como Deutsche Bank, Santander Consumer Finance, Banco Cetelem, Cofidis o Caja Rural.

En algunos casos, los importes superaban los 20.000 euros por préstamo y las deudas acumuladas crecieron rápidamente tras la entrada en mora. El tribunal destaca que, para dar apariencia de legalidad al proceso, incluso se incluían seguros vinculados a los créditos, con el objetivo de evitar sospechas iniciales.

El TSJ ha rechazado el recurso de apelación interpuesto por uno de los condenados, que alegaba error en la valoración de la prueba y solicitaba la aplicación de la atenuante de dilaciones indebidas.

La Sala respalda de forma expresa el trabajo de la Audiencia Provincial y subraya que la condena se apoya en una prueba “plural, suficiente y razonadamente valorada”, que incluye abundante documentación bancaria, informes del Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional y declaraciones testificales practicadas en el juicio oral.

Especial relevancia otorga el tribunal a las contradicciones detectadas en la versión de algunos acusados, así como a la trazabilidad documental de los préstamos y a la comparación entre los datos reales de cotización y los documentos aportados a las entidades financieras.

Frente a ello, considera que las explicaciones ofrecidas por las defensas fueron meramente exculpatorias y no lograron desvirtuar la solidez del relato probatorio.

La sentencia también descarta que el procedimiento haya sufrido dilaciones indebidas. Aunque reconoce la prolongación temporal de la causa, la Sala la atribuye a la complejidad de la investigación, al elevado número de implicados y a las múltiples incidencias procesales, concluyendo que no se produjeron paralizaciones injustificadas imputables al órgano judicial.

Con este fallo, el Tribunal Superior de Justicia confirma las penas de prisión impuestas a los distintos condenados, las responsabilidades civiles fijadas a favor de las entidades perjudicadas y el núcleo de una resolución que dibuja con claridad cómo la necesidad de un tratamiento dental fue utilizada como señuelo en una estafa organizada.

Un caso que vuelve a situar bajo el foco judicial la financiación sanitaria como terreno fértil para el fraude cuando confluyen vulnerabilidad, opacidad y documentación falseada.