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El Pleno de la Diputación de Valladolid ha aprobado este viernes una proposición presentada por el Partido Popular bajo el título Denuncia de la quita de la deuda y a favor de una financiación justa y solidaria entre Comunidades Autónomas y Entes Locales.

A través de ella, se insta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; y a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero; a negociar y pactar la reforma de las financiaciones autonómica y local, basada en los principios de "multilateralidad, solidaridad, suficiencia financiera, análisis de las inversiones, fondo transitorio y reestructuración de la deuda".

Asimismo, se pide a la vicepresidente primera y ministra de Hacienda y al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres; que, en colaboración con la FEMP, actualicen las Leyes de Bases de Régimen Local y de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. 

Esto, con el fin de determinar las competencias en materias de servicios sociales, sociosanitarios, economía, empleo, desarrollo local y agenda urbana, juventud, igualdad y lucha contra la violencia de género, consumo y educación.

También "crear, reforzar e impulsar" instrumentos de colaboración y cooperación con la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas en aquellos asuntos que afecten o sea precisa la actuación pública local, concretamente en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y en las Conferencias Sectoriales como miembros de pleno derecho.

A todo ello se suma el impulso, "de manera prioritaria y urgente", de la reforma del actual sistema de financiación local simultáneamente al de financiación autonómica.

La proposición también incluye reclamar a las comunidades autónomas que cualquier norma autonómica que cree servicios de competencia municipal establezca los mecanismos de financiación correspondientes.

Por último, el Pleno de la Diputación insta al Gobierno de España a que actualice las entregas a cuenta para 2025 y las referencias relativas a la participación en los tributos del estado (PIE) correspondientes a 2025 y a que se habilite el pago de las liquidaciones definitivas de 2023.

La proposición ha sido aprobada con el voto a favor del Grupo Provincial Popular, la abstención del Grupo Provincial Vox y el voto en contra de los Grupos Provinciales Socialista y TLP.

Borrasca Juan 

El Pleno de la Diputación de Valladolid también ha aprobado, por unanimidad, la convocatoria de subvenciones a entidades locales para la reparación de los daños causados en infraestructuras municipales por la Borrasca Juan.

A esto se suman también  las actuaciones a desarrollar en 2025 dentro de la estrategia Viaria Provincial 2019-2031. 

Convenios 

Además, ha acordado dejar sobre la mesa la prórroga del convenio con la Junta de Castilla y León para la extensión y mejora de la Red de Transporte Público de Viajeros, a la espera de conocer en detalle el anuncio realizado por el presidente de la Junta en el Debate del Estado de la Comunidad en relación a la gratuidad en el transporte metropolitano e interurbano.

Asimismo, ha dado luz verde, también por unanimidad, a la prórroga de los convenios de colaboración suscritos con los ayuntamientos para la realización de actuaciones de mantenimiento en la red de emisores locales de TDT de titularidad municipal.

Proyecto Gesasguavall Virtual 

En otro orden de cosas, el Pleno de la Diputación de Valladolid ha aprobado por unanimidad el expediente de contratación del suministro e instalación de equipos para la monitorización y digitalización del ciclo del agua en 169 municipios de la provincia.

El expediente incluye también la contratación del servicio de mantenimiento y de telelectura. Actuaciones que se incluyen dentro del proyecto Gesaguavall Virtual, respaldado por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) financiado con los Fondos Next Generation de la Unión Europea y gestionado por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico.

Cuenta con un presupuesto total de 12.096.050,67 (IVA incluido) para llevar a cabo 21 actuaciones principales con un gran impacto tecnológico. 

Los plazos de ejecución del proyecto se establecen, en la fase de implantación, en seis meses para el despliegue y puesta en funcionamiento de la red de comunicaciones, seis meses para el despliegue e implantación de la plataforma IoT y el sistema de gestión de telelectura, y 12 meses para el suministro instalación y validación de los contadores de agua.

Se suman 12 meses más para el despliegue e implantación del portal web para comunicación entre los operadores del ciclo integral del agua, los usuarios y la administración, integrado en la página de la Diputación de Valladolid y/o de los ayuntamientos.

En cualquier caso, todas las actuaciones de esta fase de implantación deben estar finalizadas antes del 30 de junio de 2026.

En la fase de mantenimiento y telelectura, el plazo será de cinco años a contar a partir del día siguiente a la instalación y validación de los contadores de la fase de implantación.

Para llevar a cabo la contratación de todas estas actuaciones se ha establecido una división del contrato en seis lotes.

Las empresas podrán presentar propuestas para la ejecución de todos los lotes, pero tal y como marca la legislación vigente, solo podrán ser adjudicatarias de un lote como máximo.

Plan V

Finalmente, este viernes el Pleno ha sacado adelante las bases de ejecución y desarrollo del Plan V 2025, por importe de ocho millones de euros, con el voto a favor PP, PSOE y TLP, y la abstención de Vox. 

Todas las actuaciones están financiadas al 100% por la Diputación de Valladolid y se pueden destinar a aportaciones extraordinarias para las obras municipales recogidas en la convocatoria aprobada para la formación del Plan Bienal de Cooperación 2024-2025. 

También al suministro de equipamiento en edificios e instalaciones municipales, así como a la adquisición de terrenos e inmuebles afectados al uso o servicio público.

El plazo para presentar solicitudes comenzará al día siguiente de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia y finalizará el 23 de mayo de 2025, inclusive.