Así lo han notificado hoy después de que ayer el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, anunciara ayer lunes la decisión de la institución provincial de asumir directamente la gestión del servicio de extinción de incendios, salvamento y protección civil en todo el ámbito provincial salvo la capital, dando cobertura a los 100.000 ciudadanos que residen en los 36 municipios del alfoz, un servicio que durante las dos últimas décadas prestó el Ayuntamiento de Valladolid merced a un convenio entre ambas instituciones que expira el 31 de diciembre. 

“El Ayuntamiento de Valladolid respeta la decisión adoptada por la Institución Provincial y le desea el mayor de los éxitos en la asunción de la gestión de su competencia de forma directa”, si bien adelantan que en el día de hoy remitirán un escrito al presidente de la Diputación Provincial “dejándole claro” que el Consistorio “queda liberado de cualquier responsabilidad por daños en bienes o personas que se produzcan en un ámbito que a partir del 1 de enero de 2021 es de su exclusiva competencia, y por tanto de su exclusiva responsabilidad”.

“El Ayuntamiento de Valladolid no dispone ya de habilitación legal alguna para operar fuera de su término municipal y no pondrá en riesgo la seguridad y vida de su personal, ni dejará potencialmente desatendidos a los ciudadanos de Valladolid por atender emergencias acaecidas en la provincia, menos aun cuando desde la institución provincial se asegura públicamente que puede asumir la obligación legal de atender esas emergencias con sus propios medios”, advierten. 

Además, en un comunicado recogido por Ical manifiestan su rechazo a las afirmaciones vertidas en el día de ayer por Íscar para justificar esa decisión, que manifestó que el Ayuntamiento de Valladolid había “manipulado las cifras para insinuar” que desde la Diputación estaban “haciendo negocio con el servicio de bomberos”, y que “ha tensado las negociaciones hasta límites inaceptables”.

Desde el Consistorio reiteran que han sustentado sus cálculos en “criterios estrictamente legales y técnicos” mientras que no han recibido informe alguno en ese sentido por parte de la institución provincial. Respecto a la segunda de las afirmaciones, desde el Ayuntamiento se recuerda el “lamentable episodio” protagonizado por el vicepresidente tercero de la Diputación, que grabó sin consentimiento las conversaciones con el concejal de Seguridad del Ayuntamiento y difundió el contenido de esas grabaciones en un grupo de WhatsApp, “en un hecho sin precedentes en la historia de ambas instituciones y que revela el grado de deslealtad y bajeza política con el que la Diputación se ha comportado en la negociación”. 

“En dicha grabación, no puede extraerse otra conclusión que el Ayuntamiento dice en público y en privado lo mismo, manteniendo la coherencia en todos los ámbitos, mientras que la Diputación Provincial por boca de su vicepresidente dice en privado que no está en condiciones de asumir el servicio con fecha 1 de enero de 2021, mientras su presidente declara en público que podrá hacerlo sin problema. Uno de los dos no dice la verdad”, argumentan.

“De no ser ciertas esas afirmaciones, es la institución provincial, a través de sus máximos representantes, quien se ha situado deliberada y conscientemente en la posición de no poder atender las emergencias que se produzcan en el ámbito de su competencia geográfica y, por tanto, quien pone en riesgo la vida, y la integridad de personas y bienes”, concluyen.