El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha abogado por abordar el debate sobre la integración del ferrocarril en la ciudad con "valentía y realismo" y no trasladar a la sociedad cosas que son "muy complicadas, si no imposibles, de realizar".

Puente, en declaraciones a los medios, se ha expresado así en referencia al acto público en defensa del debate sobre la integración del ferrocarril sin soterramiento en Valladolid que han organizado seis organizaciones de ámbito social, sindical, ciclista, ecologista y de consumidores.

En cuanto a este planteamiento, el primer edil considera que es algo "a tener en cuenta" porque "la realidad se está imponiendo" y se ven problemas como el "preproceso" de liquidación de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad, con 404 millones de euros de deuda, por ejemplo.

"Tenemos que intentar ir a planteamientos realistas", ha asegurado Puente, quien cree que ahora "el debate está sobre la mesa" y hay que abordarlo con "valentía y realismo", que considera que son cosas que "van de la mano".

A su juicio de Óscar Puente no se puede "seguir trasladando a los ciudadanos cuestiones que son muy complicadas si no imposibles de realizar".

Debate en Derecho

El debate organizado este miércoles, en el Salón de Grados de la Facultad de Derecho, pretende mostrar un diagnóstico completo de los elementos urbanísticos, ambientales, ferroviarios y financieros de la operación, así como plantear propuestas alternativas al soterramiento, según han informado los organizadores del debate.

El acto está promovido por la Asamblea Ciclista de Valladolid, la Asociación Cultural Ciudad Sostenible, CGT Valladolid, Ecologistas en Acción de Valladolid y Facua Consumidores en Acción, con la participación de la Federación de Servicios a la Ciudadanía FSC-CCOO Castilla y León y la moderación del periodista Francisco Alcántara.

Para estas organizaciones, la decisión de financiar toda la operación con plusvalías es "especulativa, conservadora y olvida principios constitucionales que vinculan a las administraciones públicas", pues "supone la marginación de una política de vivienda favorable a los intereses de vecinos".

"El Plan Rogers supuso la consagración de esa política especulativa, ya que fuerza al máximo la edificabilidad, concede en algunas zonas alturas desmesuradas y contempla la construcción de un número de aparcamientos que desborda ampliamente las necesidades ciudadanas", han señalado.