Babilafuente, un municipio salmantino de poco más de novecientos habitantes, se encuentra inmerso en una encrucijada legal, social y comunitaria. En los números 5, 7 y 9 de la calle de la Estación, la amenaza de desahucio sobre un bloque de 23 viviendas ha sacado a la luz un entramado de presuntas estafas inmobiliarias, cobros abusivos y procedimientos de ejecución judicial.
Sin embargo, tras la fachada del conflicto entre los residentes y la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), discurre otra realidad paralela: la fractura de la convivencia con parte del municipio y las acusaciones cruzadas sobre la autenticidad de los contratos y la ocupación del inmueble.
El origen de este laberinto se remonta a la crisis de 2008. La promoción fue proyectada por la constructora , empresa que entró en concurso de acreedores voluntario en 2011, un proceso que no se terminó de liquidar hasta enero de este mismo año.
Tras el concurso, el crédito hipotecario no saldado con Caja Duero acabó integrado en la cartera de Sareb, entidad que no tomó posesión formal de los inmuebles hasta el pasado mes de junio.
La versión de la asociación vecinal: "Nos han estafado y ahora nos quieren tratar de okupas"
Ana Sánchez, portavoz de la recién creada 'Asociación Vecinal La Estación de Babilafuente', argumenta que los residentes son "víctimas de una estafa continuada" ejercida por un antiguo gestor del inmueble.
Según la representante, los alquileres —de entre 300 y 400 euros mensuales— se firmaron de buena fe con la entidad Construcciones Obra Civil Anglo S.L., administrada por Francisco Antonio de Nicolás García.
"Nosotros firmamos contratos de alquiler en vigor y pagábamos nuestras rentas. Sin embargo, este señor nos cobraba en mano o nos emitía facturas de luz falsas de hasta 150 euros bajo la amenaza constante de cortarnos el suministro, algo que llegó a hacer en varias ocasiones", explica Ana Sánchez.
Tras la liquidación del concurso, los vecinos descubrieron que la empresa gestora tenía el CIF revocado desde 2019 y que el dinero no llegaba al legítimo propietario de las viviendas.
Con el respaldo de un despacho de abogados de Madrid y constituidos legalmente como asociación, los vecinos exigen a Sareb una mesa de negociación colectiva para regularizar su situación a través de alquileres sociales o compras a precio de mercado.
"Aquí viven unas 13 familias con niños, además de personas con enfermedades graves. Nos hemos encargado nosotros mismos de pintar, cambiar las luces de las zonas comunes y reparar la puerta del garaje. No somos okupas ni queremos vivir del cuento; defender nuestras casas es defender nuestro hogar y nuestra dignidad".
Sánchez reconoce que en el pasado hubo inquilinos conflictivos traídos por el propio gestor bajo esquemas irregulares, pero defiende que la comunidad actual está unida, mantiene la limpieza y busca la integración:
"El cartel de 'Las 3.000 viviendas' nos lo colgó este señor llamando a la Guardia Civil para dividirnos. Hoy somos gente humilde que solo pide rigor, apoyo institucional y que no nos cataloguen por prejuicios o aporofobia".
El testimonio de la calle: años de ruido, suciedad y falta de confianza
Al otro lado de la carretera, la perspectiva de los vecinos del entorno de los chalés contrasta significativamente con el relato de la asociación.
Un residente de la zona, que exige guardar el anonimato por temor a represalias directas, sostiene que el malestar del pueblo no surge de los prejuicios, sino de años de problemas convivenciales demostrables.
"No voy a criminalizar a todos porque hay familias ahí que son buena gente, educadas y que merecen toda la ayuda del mundo. Pero con otros ha sido imposible convivir", relata este vecino.
"Durante meses hemos tenido que aguantar gente sentada en la puerta de nuestros chalés, bolsas de basura tiradas fuera de los contenedores que amanecían desperdigadas por los gatos, voces de madrugada, barbacoas en medio de la calle y hasta discusiones que casi terminan a las manos a las doce de la noche".
El testimonio señala que en el municipio la manzana es conocida popularmente como 'Las 3.000 viviendas' y que las tensiones provocaron en el pasado reuniones vecinales e intervenciones en el pleno del Ayuntamiento por infracción de las ordenanzas de limpieza.
Asimismo, pone en duda la súbita mejora en el comportamiento del bloque: "Llevan un par de meses en los que han limpiado la calle, pintado las paredes y no hacen ruido, pero lo hacen porque se ven con la carta de desahucio en la mano. ¿Quién nos garantiza a los demás que si consiguen quedarse no volverán a los mismos hábitos de antes?".
Este residente añade que dentro del edificio existen graves riesgos de seguridad, como cuadros con luz de obra y huecos sin tapiar de más de tres metros de profundidad en las zonas comunitarias, y cuestiona que todas las familias del inmueble se encuentren realmente en situación de vulnerabilidad.
La postura de Sareb: mediación individualizada frente al llamamiento colectivo
Por su parte, la posición oficial de Sareb marca distancias respecto a la petición de una negociación en bloque y circunscribe sus actuaciones al análisis caso por caso. Fuentes del organismo confirmaron que la promoción de la calle Estación fue recibida formalmente en junio, momento en el que se iniciaron los protocolos para fiscalizar los títulos de arrendamiento de los ocupantes.
A través de un comunicado oficial, Sareb lamenta la situación en la que se han visto envueltos los residentes debido a las presuntas irregularidades de sus contratos, pero recalca que la única vía legal para articular soluciones es la colaboración individualizada.
La compañía detalla que, gracias a la documentación socioeconómica aportada por los propios residentes, ya se ha detectado un caso claro de vulnerabilidad que se encuentra en proceso de formalizar un alquiler social.
Asimismo, la entidad analiza actualmente los expedientes de otra decena de familias para determinar si cumplen los requisitos de su Programa de Alquiler Social con Acompañamiento, plan que da cobertura a más de 10.000 hogares en España.
Sin embargo, desde la gestora pública recalcan que este procedimiento requiere contrastar la información económica de cada unidad familiar con los servicios sociales.
En los casos en los que no se acredite vulnerabilidad o no exista voluntad de aportar la documentación requerida, las acciones judiciales promovidas por los fondos e intermediarios para la recuperación de los inmuebles continuarán su curso.
En un escenario donde se entrecruzan las demandas de justicia de familias presuntamente estafadas, las reclamaciones de descanso y limpieza del vecindario colindante y los estrictos marcos administrativos del 'banco malo', Babilafuente espera el dictamen de los tribunales mientras intenta recomponer su convivencia diaria.