El Partido Socialista de Salamanca ha exigido la dimisión o el cese inmediato del diputado provincial de Carreteras, Jesús María Ortiz, al considerarle responsable político del incendio forestal declarado el pasado 20 de julio en el municipio salmantino de Monsagro.
Los socialistas basan su petición en las investigaciones del Seprona de la Guardia Civil, que apuntan a que el fuego se originó durante unas obras de mantenimiento en una vía de titularidad provincial debido al uso de maquinaria que estaba expresamente prohibida por existir ese día una orden de alerta máxima por riesgo de incendios.
En una comparecencia conjunta, el procurador en las Cortes y alcalde de La Alberca, Miguel Ángel Luengo, y el portavoz socialista en la Diputación, Fernando Rubio, criticaron con dureza la "ocultación de información" y el "silencio" del equipo de gobierno que encabeza Javier Iglesias (PP).
Luengo recalcó que al tratarse de una obra pública licitada y supervisada por la propia institución provincial, la responsabilidad es directa: "Si el diputado de Carreteras no lo conocía, muy mal; y si lo conocía y lo ha permitido o tapado, mucho peor".
Asimismo, desde las filas socialistas denunciaron el "cinismo y doble rasero" de los populares, recordando los ataques sufridos por el Ayuntamiento de La Alberca a cuenta de un generador en un espacio protegido que ni siquiera llegó a funcionar, mientras ahora la Diputación "se esconde" ante un incendio grave que alcanzó el nivel 1 de peligrosidad y requirió un importante despliegue de medios.
El PSOE ratificó además su apoyo a las reivindicaciones de los colectivos de prevención de incendios y su asistencia a las movilizaciones convocadas en la capital salmantina.
Respuesta del PP
El Partido Popular de la Diputación de Salamanca ha salido al paso de las acusaciones del PSOE para desmarcar a la institución provincial de cualquier responsabilidad en el incendio de Monsagro.
Los populares han recordado que las empresas adjudicatarias de las obras son plenamente conocedoras de la normativa que deben cumplir y de las restricciones vigentes, como el nivel máximo de riesgo de incendio decretado el día del suceso, una circunstancia de alerta que la propia contratista trasladó a sus trabajadores.
Desde el Grupo Popular insisten en que la ejecución material de los trabajos, así como los medios humanos y la maquinaria empleada, pertenecen en exclusiva a la empresa contratista y no a la Diputación.
Por ello, el equipo de gobierno defiende que no se puede confundir la función de la Administración como entidad contratante con la responsabilidad directa de la empresa adjudicataria, a la que corresponde garantizar el cumplimiento estricto de las medidas de seguridad y prevención.