La Guardia Civil, a través de su cuerpo de medio ambiente, Seprona, ha desarticulado en 2025 un total de 13 talleres clandestinos de reparación de vehículos en diferentes puntos de la provincia de Salamanca.
Tras una serie de inspecciones en zonas industriales y diseminados, los agentes han identificado talleres que venían desarrollando su actividad sin licencias municipales ni autorizaciones sectoriales, lo que ha derivado en 38 denuncias ante las administraciones competentes, según fuentes del Instituto Armado.
Los investigadores detectaron prácticas irregulares de gestión de residuos que generan un riesgo evidente para el medio ambiente.
Entre las prácticas más comunes figuran vertidos de aceites, líquidos anticongelantes, combustibles y otros materiales contaminantes directamente a la red de saneamiento, sin pasar por gestores autorizados, una actuación que puede provocar daños en las infraestructuras urbanas y un incremento de los costes de depuración.
Los agentes han constatado enterramientos y abandono de neumáticos, baterías y piezas usadas en descampados y zonas rurales, acciones que infringen gravemente la normativa ambiental y agravan la huella ecológica de estas actividades irregulares.
Riesgos y Competencia desleal
La Guardia Civil subraya que los trabajos realizados fuera del marco legal constituyen también un fraude al consumidor, al carecer de garantías técnicas y sometimiento a controles de calidad.
Este tipo de fraudes compromete la seguridad de los vehículos reparados y perjudica a los talleres legalmente establecidos, que sí cumplen con las obligaciones fiscales, laborales y de gestión de residuos.
Entre los casos investigados se han detectado responsables reincidentes que, tras ser sancionados, trasladaron sus instalaciones para seguir operando en unas condiciones similares, indicativo de una trama que dificulta el control administrativo en determinados municipios.
Las autoridades han advertido de que la lucha contra este tipo de actividades continuará con especial atención en zonas donde se perciba riesgo medioambiental o competencia desleal, reforzando la colaboración con ayuntamientos y la Junta de Castilla y León para erradicar estas prácticas.