La gestión de los incendios en la provincia de Salamanca suma un nuevo frente político.

Tras la información publicada ayer por EL ESPAÑOL de Castilla y León sobre los más de 60 peones forestales contratados por la Diputación que permanecieron en casa cerca de dos meses antes de empezar a trabajar, el Grupo Socialista ha confirmado este miércoles la situación y ha exigido explicaciones inmediatas al presidente Javier Iglesias.

“Es inadmisible que mientras ardían nuestros montes hubiera trabajadores contratados, cobrando, pero sin desempeñar sus funciones”, denunció el diputado Antonio Cámara.

Un retraso de dos meses en plena campaña

Según los datos publicados por este medio, los contratos se firmaron a mediados de junio, pero las cuadrillas no se activaron hasta el 20 de agosto.

Durante ese tiempo, los 65 empleados permanecieron dados de alta y percibiendo su sueldo sin haber realizado ninguna labor. El coste de esta inactividad ronda los 300.000 euros en nóminas y cotizaciones.

El retraso coincide con la fase más dura de la campaña de incendios en Salamanca, con episodios graves como los de Cipérez, donde la falta de efectivos obligó a vecinos y agricultores a enfrentarse a las llamas con medios precarios.

“Estamos hablando de un plan de empleo público que debería reforzar la prevención en los meses críticos y que aquí, en Salamanca, no empieza hasta que el fuego ya ha arrasado miles de hectáreas”, criticó Cámara.

Una anomalía que se repite cada verano

Los socialistas recordaron que no es la primera vez que ocurre. El verano pasado, otros 57 peones contratados bajo el mismo programa Montel permanecieron igualmente en sus casas durante los dos primeros meses.

“Esto no es un error puntual, es una práctica estructural en la Diputación de Salamanca. Mientras en provincias como Ávila los trabajadores estaban ya en junio desbrozando cunetas y limpiando accesos, aquí se les mantiene en casa”, apuntó el diputado socialista.

El programa Montel, financiado por la Junta con 780.000 euros en el caso de Salamanca, contempla contratos de seis meses destinados a tareas de prevención como desbroces, apertura de sendas, mantenimiento de áreas recreativas o limpieza de entornos urbanos.

Cada cuadrilla está formada por un capataz y cuatro peones, equipados con vehículos y maquinaria básica. Su papel resulta clave para reducir la propagación de incendios y mantener despejadas las zonas de interfaz urbano-forestal.

Críticas al presidente Iglesias

El PSOE situó la responsabilidad en el propio presidente de la Diputación, Javier Iglesias, y en el diputado delegado del área.

“No se trata de un fallo técnico ni administrativo: es un modelo de gestión que prioriza las fotos y la propaganda en lugar de la prevención”, denunció Antonio Cámara.

“Si tienes contratada a gente y la dejas en casa, estás poniendo en riesgo a toda la provincia. Y si no sabes gestionar, debes asumir responsabilidades”.

Los socialistas reprochan que la Diputación se escude en los trámites burocráticos y en la formación obligatoria de los trabajadores para justificar el retraso. “La formación podía haberse hecho en mayo, no en julio y agosto, cuando el fuego ya está aquí. Decir lo contrario es burlarse de la ciudadanía”, remarcó Fernando Rubio, portavoz del grupo.

Exigen un cambio inmediato en el plan Montel

El PSOE reclamó que los planes Montel se reformulen para que las contrataciones y la formación de los peones se adelanten a la primavera, de forma que en junio los equipos ya estén desplegados en la provincia.

“Estamos cansados de que año tras año se repita el mismo patrón: se firman contratos, se presume de inversión y se deja a la gente en casa hasta agosto. Es un despilfarro económico y una negligencia política”, insistió el diputado Carlos Fernández Chanca.

Para los socialistas, el resultado es doblemente grave: por un lado, una inversión de cientos de miles de euros que se desaprovecha en los meses de mayor riesgo, por otro, una pérdida de capacidad de respuesta que deja a los pueblos indefensos frente a las llamas.

“Esto no es una anécdota ni una chapuza menor, es un fracaso de gestión que cuesta dinero público y que pone vidas en peligro”, zanjaron.