Salamanca está en el foco inversor de la Junta de Castilla y León. Así ha quedado patente esta mañana con motivo de la visita institucional que el consejero de Presidencia del Gobierno regional, Ángel Ibáñez, ha cursado a la capital charra, donde se ha entrevistado con el presidente de la Diputación, Javier Iglesias, y con el alcalde de la ciudad, Carlos García Carbayo.

Durante su visita a las obras ejecutadas en la céntrica plaza del Campillo, el consejero de Presidencia ha destacado especialmente las 557 inversiones realizadas por la Junta durante el último año en la provincia de Salamanca, que han supuesto un desembolso de más de 16 millones de euros procedentes de diferentes fondos para la dinamización de la economía y el empleo, y que han permitido, según los datos ofrecidos por Ibáñez citando a la Cámara de Contratistas, la movilización de hasta 700 empleos en la provincia.

Acompañado por el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, el director de Administración Local, Héctor Palencia, y el delegado territorial de la Junta en Salamanca, Eloy Ruiz, el consejero conoció el proyecto de acondicionamiento y ampliación de los juegos infantiles en la plaza del Campillo. La inversión contempla un coste total de 215.000 euros, de los cuales 161.250 euros fueron aportados por la Junta, asumiendo un 75 por ciento de la misma. Esta actuación cumple con el número once de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, destinado a “lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles” y también con el número 13, consistente en “adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos”.

Ibáñez ha destacado durante su intervención que la ciudad de Salamanca recibió de la Junta diferentes ayudas para mejoras en sus servicios públicos. En concreto, del Fondo Extra COVID, más de 330.000 euros para el proyecto para la conexión de los depósitos de agua potable de Cañones y el Polvorín. Del Fondo de Cooperación Local General de 2020, la ciudad recibió más de 350.000 euros para varias actuaciones como la mejora de la accesibilidad del aparcamiento Santa Eulalia, la renovación del pavimento de seguridad en la zona infantil del parque de la Alamedilla, el acondicionamiento de la plaza entre las calles Velázquez y Toledo, la renovación de la acera en la calle Diego Pisador y el acondicionamiento y mejora de los juegos infantiles del barrio de Los Alcaldes. Además, del Fondo de Cooperación Local General de 2021, Salamanca consiguió más de 530.000 euros para invertir, aparte de en el citado proyecto del parque del Campillo, en el proyecto de ejecución de bulevar peatonal verde en la avenida París, y en el proyecto de acondicionamiento y mejora de seis plazas del barrio del Zurguén.

“Estas importantes inversiones, con más de 1,2 millones de euros aportados por la Junta, modernizan servicios básicos para los salmantinos, con la mirada puesta en la sostenibilidad y el mantenimiento de la calidad de vida en esta ciudad. Y, además, en el caso concreto de la inversión en el proyecto de acondicionamiento y ampliación de juegos infantiles que hoy visitamos, posibilita que la ciudad siga avanzando en esa estrategia de conjugar la cultura y la naturaleza, mejorando espacios para el uso y disfrute de todos los salmantinos”, indicó el consejero.

Ibáñez ha puesto en valor el esfuerzo de la Junta en llevar a cabo “inversiones útiles que mejoren la vida de las personas en la ciudad de Salamanca y en toda la provincia”. De esta forma, ha recalcado que durante los últimos doce meses la Consejería de la Presidencia, a través de la dirección de Administración Local, autorizó 557 inversiones por un valor de cerca de 16 millones de euros, de los cuales la Junta aporta más de nueve millones.

“Estas inversiones buscan dinamizar la economía y el empleo local, y los datos nos dicen que ha sido así, puesto que en Salamanca estas inversiones han supuesto la creación de más de 700 empleos, entre empleo directo e indirecto, y lo han hecho con las empresas y autónomos de la zona ya que estamos ante actuaciones que económicamente tienen un valor medio de 28.000 euros. Por tanto, pequeñas inversiones que se quedan en Salamanca, que mejoran la vida de los salmantinos y que tienen a la sostenibilidad como denominador común”, declaró el consejero.

Estos 16 millones movilizados se reparten entre las ayudas destinadas a través de los Fondos de Cooperación, Fondo Extraordinario, y ayudas para obras y suministros singulares en mancomunidades y pequeños municipios. “Este es el Gobierno del cambio de visión en materia de municipalismo. El presidente Mañueco está comprometido con el mundo local de Salamanca y con su activa protección y defensa, consciente de las circunstancias particulares en que se encuentran muchas entidades locales del medio rural. Tenemos un plan de futuro muy claro para Salamanca y Castilla y León, si el 2020 fue el año de la resistencia para nuestra tierra, y el 2021 el de la remontada, el 2022 será el de la recuperación para los salmantinos y los castellanos y leoneses”, concluyó el consejero.

Ritmo inversor

Por su parte, el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo ha enfatizo que gracias a la colaboración entre Ayuntamiento y Junta se están acometiendo “importantes obras que mejoran la calidad de los servicios públicos que se prestan a los vecinos de los barrios” y al mismo tiempo “contribuyen a hacer de Salamanca una ciudad aún más saludable y con una mayor calidad de vida”.  

Para que este “ritmo inversor” no se frene, Carbayo ha reclamado más participación de los municipios en el reparto de los fondos europeos para afianzar la reactivación económica de la ciudad e insistió en la llegada de “financiación suficiente” para compensar el esfuerzo económico que la pandemia ha supuesto para el Ayuntamiento, “garantizando la protección social de las personas y de las familias más necesitadas”.

El alcalde ha recordado que las administraciones locales no solo han sido “el principal motor para la recuperación económica y el pilar sobre el que se ha sustentado el estado del bienestar”, sino que además han visto mermados sus ingresos para facilitar la subsistencia del tejido económico e incrementados los gastos por la subida de los precios energéticos y el sobrecoste de las materias primas. “Reclamamos lo que nos corresponde por justicia, una financiación acorde al peso de las administraciones locales en el conjunto de la administración pública”, concluyó Carbayo, poniendo a la Junta de Castilla y León como ejemplo de administración superior que “sí cumple” con los ayuntamientos y diputaciones.

Estabilidad del personal

Por otro lado y en respuesta a las preguntas de los periodistas, Ángel Ibáñez ha subrayado que la Junta de Castilla y León “apuesta por la estabilización del empleo público” desde el inicio de la presente legislatura, pero evidenció su recelo al respecto de la normativa estatal en la materia. Preguntado sobre el seguimiento de la huelga de trabajadores de la función pública, Ibáñez emplazó a los medios de comunicación a esperar al final de la jornada para ofrecer los datos con precisión.

Según sus datos, en la Comunidad existe un porcentaje de interinidad que supera el 30 por ciento. “En la Junta queremos ser capaces de poder preservar el talento de las personas que han estado trabajando durante muchos años al servicio de la administración, pero queremos hacerlo contando con los principios constitucionales de acceso a la función pública, que son la igualdad, el mérito y la capacidad”, reflexionó el consejero.  

Sin embargo, Ángel Ibáñez se refirió a la normativa que está en fase de aprobación en el Congreso de los Diputados y que condicionará las actuaciones autonómicas en esta materia. “Sabemos que personas que llevan diez, 15 años como temporales y tienen su proyecto de vida asentado en muchas ciudades de Castilla y León han demostrado de sobra su mérito y su capacidad. Lo que queremos es que el texto que salga del Congreso tenga las garantías suficientes para preservar la condición de la igualdad. Vamos a estar expectantes”, anunció.  

Por otro lado, Ibáñez sostuvo que en el proyecto de presupuestos de la Comunidad para el presente ejercicio se contempla “todo lo necesario” para realizar los procesos de estabilización oportunos, aunque reiteró que estarán a disposición de lo que marque la normativa básica que se apruebe en el Congreso. “No dejamos de estar preocupados por en qué condiciones va a acabar discurriendo esa normativa. Creo recordar que una de las primeras intenciones que tenía el Gobierno es proceder a despidos masivos con indemnizaciones y creemos que eso no cumpliría con los objetivos de las administraciones ni, por supuesto, con los de esas personas”, zanjó.