El portavoz del Grupo Socialista en la Diputación de Salamanca, Fernando Rubio, acompañado por el diputado Manuel Ambrosio Sánchez, ha comparecido este jueves en relación al cierre decretado por la institución provincial de la guardería Guillermo Arce y la “oposición y negativa” que siempre ha mostrado el PSOE a que se pusiera fin a la prestación de este servicio.

En este sentido, los diputados provinciales socialistas no solo han abogado por el mantenimiento de la guardería Guillermo Arce, sino que también han rechazado el argumento utilizado por el equipo de Gobierno para proceder de este modo aludiendo a un ahorro, que, según los diputados del PSOE, no se ha producido.

Manuel Ambrosio Sánchez se ha referido a una reciente sentencia en la que se condena a la Diputación de Salamanca por despido improcedente de las trabajadoras de la guardería y al pago de una indemnización cercana al medio millón de euros. “Cerca de 500.000 euros cuando si se hubieran hecho bien las cosas el coste de este desmantelamiento de un servicio público no debería haber supuesto más de 90.000 euros”.

En otro orden de cosas, han recordado que la guardería infantil Guillermo Arce acogía casi 80 niños, o lo que es lo mismo, representaba un 15% de las plazas públicas disponibles para cero a tres años en la provincia de Salamanca. Para el PSOE estos datos justifican por sí solos la petición de mantener la prestación de este servicio, puesto que, añaden, "¿qué tipo de gestión de lo público se justifica en el ahorro suprimiendo servicios públicos?". También se ha preguntado Ambrosio, "para qué alardea la Diputación de superávit cuando está suprimiendo servicios públicos a los ciudadanos".

El PSOE considera que en este asunto ha habido una “responsabilidad patrimonial” por la que "debe responder el equipo de Gobierno". “Desde el responsable o director de área de Recursos Humanos, pasando por el diputado del equipo de Gobierno, José María Sánchez, y llegando hasta el presidente de la Diputación, Javier Iglesias, ninguno ha tenido voluntad, intención ni capacidad para negociar en algún momento con las trabajadoras despedidas de la guardería Guillermo Arce, lo que además de ir en contra de la dignidad de los trabajadores, ha supuesto que la institución provincial haya tenido que ser condenada a pagar casi medio millón de euros por despidos improcedentes”.

A esto, ha añadido el Grupo Socialista, hay que añadir “la esperpéntica situación de que quien representa a la Diputación de Salamanca en la defensa de los intereses jurídicos de la institución, nombrado a dedo expresamente para ello, ya que el propio director del Área de Recursos Humanos es quién ha originado este problema por su falta de diligencia”.

En definitiva, han concluido los diputados provinciales socialistas, “lo que este asunto demuestra es una suma de amiguismo político clientelar de un determinado partido, en este caso el PP, de incompetencias y prepotencias por parte del equipo de gobierno que ha ocasionado en primer lugar el desmantelamiento de un servicio fundamental para la provincia de Salamanca y en segundo lugar un desastre dineral para las arcas de la Diputación”.

Respuesta popular: la alternativa del programa' Crecemos'

El diputado delegado del Área de Organización y Recursos Humanos y de Centros Asistenciales en Salamanca, José María Sánchez, ha salido al paso de las críticas socialistas en torno al cierre de la guardería Guillermo Arce.

Al respecto, ha respondido que "cada curso lectivo suponía más de 500.000 euros para la Diputación" y que han optado por conciliar la vida familiar y laboral por otro lado. En concreto, en el programa 'Crecemos', con un "radio de influencia que afecta a todos nuestros municipios". De hecho, ha afirmado que la guardería solo daba servicio a niños de la capital, algo que no es competencia de la Diputación.

Además del ahorro, una de las críticas del PSOE, también ha hablado de la sentencia que les obliga a pagar a los profesores por despido improcedente una cantidad de "cerca de 500.000 euros cuando si se hubieran hecho bien las cosas el coste de este desmantelamiento de un servicio público no debería haber supuesto más de 90.000 euros”. Sin embargo, Sánchez ha afirmado que los profesores "nunca quisieron negociar" ya que la Diputación apostó por la continuidad de estos en el 'Programa Crecemos'.