El Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada ha celebrado esta mañana un pleno ordinario donde se ha debatido la moción presentada por el concejal de Izquierda Unida que pretendía declarar Carbajosa como municipio libre de paraísos fiscales. Ante la postura en contra del Equipo de Gobierno y las dudas que ha suscitado entre el resto de grupos de la oposición, el representante de IU, Javier Hernández, a solicitud del alcalde, ha decidido retirar la moción para analizarla en comisión o junta de portavoces.

Según manifestó el portavoz del Grupo Municipal, Ángel Manso, “todos estamos de acuerdo en que la lucha contra el fraude fiscal debe efectuarse con la máxima eficacia. No obstante, se trata de un objetivo “que va mucho más allá  de la finalidad de la contratación pública”.

Según añadió, se trata además de una moción innecesaria, ya que la Ley de Contratos del Sector Público regula con carácter imperativo tanto los requisitos de capacidad jurídica y de capacidad de obrar de los contratistas, como los supuestos de prohibición para contratar con las administraciones públicas, y entre otros supuestos de prohibición se incluyen: haber sido condenado por delitos contra la Agencia Pública y el blanqueo de capitales, y no hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias impuestas por las disposiciones vigentes.

“Estas prohibiciones son taxativas, y nuestros concursos públicos no pueden contener disposiciones fuera de la ley que comprometan su estricto cumplimiento”.

Manso añadió además que “el mero hecho de residir u operar en uno de los calificados como paraísos fiscales no determina en sí mismo la comisión de un delito contra la Hacienda Pública”. “También es digno de mención que, no es compatible en nuestro ordenamiento jurídico dar cobertura a la presunción de culpabilidad tomando medidas sancionadoras contra empresas sin que se haya acreditado fehacientemente un delito contra la Hacienda Pública”.

El portavoz municipal concluyó su explicación de motivos diciendo que no es competencia municipal el “vigilar, perseguir o sancionar actividades financieras de licitadores y contratistas, pero lo que sí podemos hacer, y se hace, es tomar las debidas precauciones, y a todos los contratistas se exige un certificado de la Agencia Tributaria de estar al corriente de pago en el cumplimiento de tales obligaciones”.