La batalla de Matías no ha terminado. Pero es cierto que este martes ha dado un paso que sus padres llevaban meses reclamando, aunque no sea del todo suficiente.
La Junta de Castilla y León se ha comprometido a contratar un mediador comunicativo para el Colegio de Educación Especial Carrechiquilla de Palencia, donde estudia el niño.
El problema es que la solución planteada por la Administración no es exactamente la que esperaba la familia, ya que el profesional no quedará asignado de entrada a Matías durante toda su jornada escolar.
Ese matiz es el que hace que el conflicto, o la guerra de Matías, siga abierta.
Tay Iglesias y Carlos Cubillo se han reunido este martes con el delegado territorial de la Junta en Palencia, José Antonio Rubio Mielgo, y con la directora provincial de Educación, Pilar Alonso Encelada.
Lo hacen después de la concentración iniciada este lunes por la noche ante la Dirección Provincial para reclamar el cumplimiento de la sentencia 90/2026 del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.
Al término del encuentro, la familia se ha marchado con el compromiso institucional de que habrá contratación de un mediador comunicativo.
Pero también con la sensación de que todavía queda mucho por pelear. “Es una victoria agridulce”, resume Tay Iglesias.
Y explica por qué. Un mediador sí, pero para el colegio
La propuesta trasladada a los padres contempla incorporar un mediador comunicativo al centro.
A partir de ahí, serán los profesionales del Carrechiquilla quienes valoren las necesidades de Matías y determinen qué atención necesita y durante cuántas horas.
Es aquí donde la familia discrepa y surgen las dudas, pues los padres reclaman algo más que exista un mediador en el colegio, pues quieren que ese profesional esté con su hijo durante toda la jornada lectiva.
Consideran que esa es la atención que reconoce la resolución judicial y que no se puede convertir el derecho de Matías en una cuestión de disponibilidad del centro.
“Se va a contratar un mediador comunicativo, eso se va a contratar, y lo tengo claro, y me lo han dicho”, cuenta Tay.
“Lo que no me ha gustado es que sí, se va a contratar el mediador comunicativo, pero el mediador comunicativo es para el centro”.
La idea que les ha trasladado la Administración pasa por analizar los profesionales de los que ya dispone el colegio y, a partir de esa valoración, establecer las horas de mediación que necesita Matías.
“Ellos son los que van a determinar las horas que necesita Matías de ese mediador comunicativo”, explica su madre.
Para ella, esa fórmula no resuelve el problema de fondo.
“Va a ser como una figura de centro para todos los niños que lo necesiten. Y no me da la gana, yo por ahí no voy a pasar”.
La discusión que lleva meses enquistada
El encuentro de este martes llega después de una larga disputa entre la familia y la Administración educativa.
El origen está en la sentencia 90/2026 del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que, según los padres, reconoce el derecho de Matías a disponer de un mediador comunicativo en el entorno escolar. La resolución adquirió firmeza el pasado 17 de abril.
La familia sostiene que el recurso que se ha asignado al niño durante este curso no se corresponde con el perfil profesional establecido en el fallo judicial.
En concreto, denuncia que se han destinado diez horas de una docente de Audición y Lenguaje en lugar de un mediador comunicativo.
Antes del verano, los progenitores solicitaron la ejecución forzosa de la sentencia ante los tribunales. Ese procedimiento continúa actualmente en marcha.
La protesta ante la Dirección Provincial de Educación fue, por tanto, un nuevo capítulo de una pelea que comenzó mucho antes de que Matías regresara a las aulas este curso.
Y hoy, en la reunión con la Junta, la familia ha vuelto a poner sobre la mesa la misma reclamación, que no es otra que no quieren un parche ni una solución parcial.
Quieren que el apoyo que, según defienden, reconoce la Justicia llegue a su hijo en los términos que consideran necesarios.
Su familia explica que nació con una enfermedad rara que dificulta su capacidad para hablar y que la lengua de signos española constituye una herramienta fundamental para comunicarse.
Tay lo explica de una manera muy sencilla: “Después de nueve años”, asegura, “Matías apenas utiliza unas pocas palabras que puedan entenderse con facilidad”.
“Si después de nueve años lo que se le entiende son cuatro palabras, tenemos que tirar por otro tipo de comunicación, por eso ha sido el tirar por la lengua de signos”.
La familia sostiene que las dificultades para comunicarse se convierten en una barrera en el día a día y que, cuando Matías no consigue hacerse entender fuera del ámbito familiar, pueden aparecer situaciones de frustración y alteraciones de conducta.
Por eso consideran que el mediador comunicativo no es un recurso accesorio.
Es, para ellos, la herramienta que permite a Matías desenvolverse en el colegio en igualdad de condiciones.
Agridulce
Durante la reunión, según relata Tay a EL ESPAÑOL, uno de los momentos que más le molestó fue comprobar que no todos los detalles relativos a la atención que está recibiendo su hijo estaban claros.
La madre asegura que preguntó por la formación de la docente de Audición y Lenguaje que actualmente atiende a Matías y por su preparación en lengua de signos.
“¿Me puedes decir qué formación tiene? No sabían qué formación tenía la docente de audición y lenguaje que tiene ahora mismo Matías, no sabían qué formación tenía en lengua de signos”.
Aun así, reconoce que el compromiso alcanzado supone un avance respecto a la situación anterior. “De alguna manera es una victoria, porque el mediador va a estar, pero es una victoria a medias”.
De esta manera, la familia ha decidido retirar temporalmente la pancarta que mantenía ante la Dirección Provincial de Educación como gesto de buena voluntad hacia la Administración.
Pero retirarla no significa abandonar la protesta. Tay seguirá reclamando que el mediador comunicativo acompañe a Matías durante toda la jornada lectiva.
“Yo voy a seguir, lo tengo muy claro, yo voy a seguir”.
Ahora, explica, toca esperar a que la Junta concrete su compromiso y determine cómo se incorpora ese profesional al centro.
La familia y sus abogados analizarán entonces la propuesta y decidirán los siguientes pasos dentro del procedimiento judicial que continúa abierto.
“Ahora ellos son los que mueven ficha”.