La Junta de Gobierno de la Diputación de Palencia ha aprobado este martes con todos los votos a favor la propuesta para que la Institución reclame al Ayuntamiento de Palencia 272.143 euros, más los intereses legales que correspondan, por el parque de bomberos.
En concreto, por "los perjuicios ocasionados al no haber cumplido el compromiso que adquirió en 1981 para ceder a la Diputación el uso del terreno sobre el que se construyó el parque provincial de bomberos".
Dicha propuesta pasó por la Comisión Informativa de Hacienda el pasado 17 de agosto y, con la aprobación unánime de este martes, se inicia el procedimiento para reclamar al Ayuntamiento los daños y perjuicios derivados del incumplimiento de aquel compromiso.
Todo, una vez que la vía judicial ha determinado que en la actualidad ya no resulta posible constituir el derecho de superficie previsto inicialmente.
La historia se remonta a 1981, cuando la Diputación acordó financiar con cargo a su presupuesto la construcción de un parque de bomberos en la ciudad de Palencia.
Ello con el objetivo de disponer de unas instalaciones para prestar el servicio provincial de prevención y extinción de incendios y que, al mismo tiempo, pudieran ser utilizadas por el Ayuntamiento para su servicio municipal.
Como condición para financiar la construcción, la Diputación exigió la cesión del terreno.
Así, el Pleno del Ayuntamiento de Palencia acordó por unanimidad, el 6 de octubre de 1981, constituir a favor de la Diputación un derecho de superficie durante 75 años sobre una parcela municipal del Polígono Nuestra Señora de los Ángeles.
Sin embargo, el acuerdo nunca llegó a formalizarse ni a inscribirse registralmente.
La Diputación reclamó reiteradamente su cumplimiento, mediante requerimientos realizados en 1984, 1987, 1988, 2017 y 2021, y el compromiso municipal fue reconocido posteriormente en convenios suscritos por ambas administraciones en 1989 y 2002.
Ante la falta de cumplimiento, la Diputación volvió a reclamar formalmente al Ayuntamiento en marzo de 2024 y, posteriormente, acudió a los tribunales.
La Sentencia 200/2026, de 23 de febrero, del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, confirmó que actualmente ya no es posible constituir el derecho de superficie acordado en 1981, debido a la naturaleza jurídica del terreno, afectado al servicio público.
La sentencia, que fue declarada firme en mayo de 2026, contempla asimismo la posible responsabilidad del Ayuntamiento por el incumplimiento y la existencia de un enriquecimiento injusto a costa de la Diputación.
A partir de este pronunciamiento judicial, la Diputación considera que el perjuicio ocasionado por el incumplimiento es efectivo, real y económicamente evaluable, al resultar ya imposible obtener el derecho de superficie que se había acordado hace 45 años, y fija en 272.143 euros la cantidad cuya restitución reclama, además de los intereses legales que correspondan.