El Partido Popular ha denunciado el “caos y la degradación” del servicio ferroviario en la provincia de León y ha advertido de que, tras el accidente de Adamuz, “ya no caben excusas ni parches”.
Los populares reclaman que la prioridad del Gobierno sea garantizar la seguridad, la fiabilidad del servicio y una atención adecuada a los pasajeros.
En un contexto nacional marcado por incidencias constantes, retrasos, cancelaciones, fallos de infraestructura y falta de información a los usuarios, el PP exige al Ejecutivo socialista de Pedro Sánchez actuaciones inmediatas, con un calendario verificable y dotación presupuestaria suficiente.
En este marco, las diputadas del PP por León, Ester Muñoz y Silvia Franco, han activado un control parlamentario intensivo mediante 40 iniciativas en el Congreso de los Diputados: dos peticiones de informe y 38 preguntas escritas dirigidas al Gobierno.
El objetivo, explican, es “saber qué está fallando en cada línea y tramo de la provincia, qué limitaciones se aplican por seguridad, por qué se implantan, cuánto tiempo duran y cuándo se van a eliminar con actuaciones definitivas”.
Según los datos aportados, León cuenta actualmente con 13 limitaciones temporales de velocidad (LTV) en líneas de alta velocidad y 15 en la red convencional, lo que suma un total de 28 restricciones.
Estas cifras sitúan a la provincia como líder en Castilla y León en limitaciones en AVE y en el puesto 15 a nivel nacional por volumen total de restricciones.
Para el PP, se trata de una situación “inadmisible” para una provincia que necesita un ferrocarril fiable y seguro para viajeros, trabajadores y la actividad económica.
Las dos peticiones de informe registradas ante el Ministerio de Transportes, que dirige Óscar Puente, exigen “respuestas y documentos, no eslóganes”, y reclaman un diagnóstico completo y verificable del estado de la seguridad de la infraestructura ferroviaria en León.
Este diagnóstico debe incluir la programación de inspecciones, auscultaciones, actuaciones correctoras, plazos y presupuesto. “León no puede seguir funcionando con parches: exigimos un diagnóstico de seguridad completo, con calendario y presupuesto, para saber qué está mal, dónde y cuándo se va a arreglar”, ha subrayado Ester Muñoz.
El lazo del Manzanal
Las diputadas populares también recuerdan que ya ha vencido el plazo para disponer del Estudio de Viabilidad del lazo del Manzanal, adjudicado el 3 de mayo de 2024 con un plazo de ejecución de 18 meses, por lo que exigen que se hagan públicas sus conclusiones.
“León merece el mismo trato que otras provincias. La eliminación del lazo del Manzanal es estratégica para el futuro de León y no vamos a permitir más retrasos ni más silencio. El ministro Óscar Puente tiene que explicar por qué no se conocen los resultados y publicar ya las conclusiones del estudio”, ha señalado Silvia Franco.
Las preguntas registradas en el Congreso reclaman datos oficiales y medidas concretas sobre incidencias, limitaciones de velocidad vigentes y recurrentes, inspecciones realizadas tras el accidente de Adamuz, conservación y mantenimiento de la red.
Así como el estado de infraestructuras críticas como túneles, puentes, viaductos y muros. Además, ponen el foco en puntos especialmente sensibles para la movilidad y la seguridad ferroviaria en la provincia, como la rampa de Pajares, el intercambiador de Vilecha, el Manzanal y la situación de FEVE.
Las diputadas leonesas recuerdan asimismo que la Ley de Movilidad Sostenible ya está en vigor e incorpora medidas impulsadas por el PP para hacer frente al colapso ferroviario.
Entre ellas un Plan de Choque en dos fases con medidas por provincia, un Plan de Atención Urgente a los Pasajeros ante incidencias extraordinarias y un protocolo de análisis de incidencias para retrasos superiores a 20 minutos por causas de infraestructura, con publicación de causas y medidas correctoras.
La ley también recupera los compromisos de puntualidad e indemnizaciones de Renfe vigentes antes de julio de 2024, que contemplan devoluciones del 50% a los 15 minutos y del 100% a los 30 minutos en alta velocidad y larga distancia.
“Tras Adamuz, no vamos a aceptar más parches ni más opacidad: León necesita seguridad, inversión y un calendario de actuaciones verificable. El tren no puede seguir deteriorándose mientras el Gobierno mira hacia otro lado”, han concluido.