La vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, exigió hoy al Gobierno de España que no frene en el Congreso el “avance social fundamental” que suponen las enmiendas impulsadas por el PP para mejorar la protección de las familias que cuidan de hijos con cáncer. También con enfermedades graves o gran dependencia.
Entre ellas la ampliación de los cuidados más allá de los 26 años, la posibilidad de que ambos progenitores reduzcan su jornada laboral y una protección específica para los autónomos.
La principal de estas enmiendas afecta a las familias beneficiarias de la prestación CUME, destinada al cuidado de hijos con cáncer, enfermedades graves o gran dependencia.
Fúnez explicó que el PP pretende eliminar el límite de los 26 años para que la protección pueda mantenerse mientras continúe la necesidad de cuidados, una reivindicación que “las propias familias vienen trasladando desde hace años”, según señaló.
“Los cuidados para una persona que está en esa situación no terminan porque cumplas 26 años; al contrario, en algunos casos los cuidados tienen que ser mayores”, defendió, para explicar que la enmienda logró en el Senado no solo el respaldo del PP, sino también el de otros grupos políticos.
Fúnez realizó estas declaraciones durante una visita a Burgos, donde estuvo acompañada por el presidente provincial del PP y diputado nacional, Ángel Ibáñez, y la alcaldesa de la ciudad, Cristina Ayala, antes de mantener una jornada de trabajo con asociaciones y colectivos del ámbito social.
Entre ellos figuraban familias beneficiarias de la prestación CUME y representantes de colectivos relacionados con la discapacidad y la educación especial, con los que la dirigente popular abordó sus principales reivindicaciones.
La vicesecretaria señaló que la propuesta del PP contempla además que tanto el padre como la madre puedan acogerse a la reducción de jornada para cuidar a sus hijos, en aras de la corresponsabilidad y la conciliación, e incorpora una protección especial para los trabajadores autónomos que atraviesen una situación similar.
Fúnez recordó que el Gobierno vetó la enmienda en el Senado por su impacto presupuestario, aunque la mayoría del PP en la Cámara Alta permitió levantar ese veto.
Según los datos aportados por la dirigente ‘popular’, la medida tendría un coste de 2,36 millones de euros en 2027, que ascendería hasta los 12,3 millones en 2031. “Esperamos que no se atrevan a paralizar un avance esencial para familias que lo están pasando realmente mal. Ese es el coste de un avance social fundamental”, afirmó.
Fúnez preguntó si los socialistas “se van a atrever a mirar a los ojos a las familias CUME” y decirles que este avance en derechos no se va a producir por un coste de 2,36 millones de euros. En este sentido, recordó que el Gobierno cuenta con una recaudación de 300.000 millones de euros, y puntualizó que destina 271 millones a publicidad institucional, 80 millones a asesores y 17 millones al CIS.
IVA reducido y financiación de la dependencia
También avanzó que el PP defenderá también en el Congreso una reducción del IVA hasta el cuatro por ciento para las personas con discapacidad o dependencia que necesiten adaptar su vivienda o su vehículo.
Y respecto a la enmienda de la financiación de la dependencia recordó que el sistema se planteó inicialmente con una aportación aproximada del 50 por ciento por parte de las comunidades autónomas y otro 50 por ciento del Estado, pero actualmente las autonomías asumen el 72 por ciento de la financiación frente al 28 por ciento que aporta el Gobierno de España.
El PP ha incorporado también enmiendas relacionadas con la educación especial, con las que pretende preservar la libertad de elección de los padres con hijos con discapacidad para optar por la educación que consideren más adecuada, además de otras propuestas en materia de ELA y exenciones fiscales.
“No vamos a permitir que se hable y se anuncien muchos derechos sociales que, sin un presupuesto, sin una memoria económica, se quedan en pura propaganda y, lo que es peor, se terminan convirtiendo en frustración”, afirmó Fúnez, quien puso como ejemplo la financiación de las medidas contempladas en la ley ELA.
Pulseras Cometa
Fúnez se refirió también a los fallos detectados en las pulseras del sistema Cometa para la protección de víctimas de violencia de género, y advirtió de que estos problemas generan inseguridad entre las mujeres y provocan su “revictimización”.
“Vuelven a ser víctimas ya no solo del maltratador, sino de aquel Estado, aquel Gobierno que no les da la protección que en justicia merecen, necesitan y tienen garantizada por ley”, sostuvo.
El presidente provincial del PP de Burgos y diputado nacional, Ángel Ibáñez, anunció, por su parte, una batería de iniciativas ante los problemas recogidos en la memoria de la Fiscalía sobre estos dispositivos en Burgos, entre los que citó fallos de cobertura, especialmente en el ámbito rural, y falsas alarmas.
Ibáñez calificó la situación de “alarmante”, y explicó que las actuaciones ya se han coordinado con la portavocía del PP en la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados.
Las iniciativas buscarán obtener explicaciones y “solicitar medidas urgentes para paliar esa situación”, al considerar que las mujeres afectadas deberían estar “perfectamente protegidas por el Gobierno y por el Estado”.
Finalmente, la alcaldesa de Burgos anunció que el PP llevará al pleno municipal de esta semana una proposición para reclamar soluciones ante los fallos de las pulseras Cometa, y consideró necesario “poner mejores medios para proteger a las mujeres maltratadas". “Los actuales recursos no están siendo suficientemente eficaces”, puntualizó.
La regidora defendió que el Ayuntamiento tiene la obligación de exigir al Gobierno central medidas que garanticen una protección efectiva y eviten añadir más presión a las víctimas.
Por último, Ayala puso también en valor los servicios sociales municipales y avanzó que el octavo centro cívico de Burgos, situado en Fuentecillas, terminará previsiblemente de construirse a lo largo de este año con el objetivo de ponerlo en servicio en 2027.