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La Patrulla de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Cebreros ha procedido a la investigación de dos personas por su presunta implicación en un delito de abandono y maltrato animal.

Las pesquisas se iniciaron tras detectar graves irregularidades en el mantenimiento de una explotación caprina situada en el término municipal de El Tiemblo (Ávila), donde se constató la falta de cuidados básicos y la presencia de numerosos cadáveres de ejemplares en la finca.

El hallazgo se produjo cuando la Policía Local de la localidad trasladó al instituto armado el aviso de una asociación de protección animal madrileña.

Los miembros de este colectivo habían accedido a la parcela con motivo del incendio forestal de Burgohondo para intentar poner a salvo al ganado cercado por las llamas.

Al entrar en las instalaciones, los voluntarios descubrieron el mal estado de los animales vivos y la existencia de múltiples restos mortales, pasando a ser ellos mismos quienes proporcionaron la única comida e hidratación de la que dispusieron las cabras en esos momentos.

A raíz de esta alerta, la Guardia Civil localizó a la titular de la explotación y al encargado del cuidado del ganado.

El pasado 29 de julio, los agentes realizaron una primera inspección visual en la finca con la presencia de la propietaria, confirmando un panorama desolador y un potencial riesgo para la salud pública y el bienestar animal.

Ante estos indicios, se requirió la intervención conjunta de los servicios veterinarios de la Junta de Castilla y León.

Las valoraciones veterinarias iniciales apuntan a que el rebaño padecía una situación prolongada de inanición y desamparo, calculándose que algunos de los cadáveres hallados llevaban varios meses en el lugar.

Para determinar con precisión las causas de las muertes, los agentes recogieron tres cuerpos bajo estricta cadena de custodia con el fin de realizarles la autopsia correspondiente.

Paralelamente, los animales supervivientes han sido identificados y sometidos a protocolos de control sanitario ante el riesgo de que padezcan una enfermedad infectocontagiosa, dictándose las primeras medidas preventivas para evitar contagios.

Las diligencias del caso, respaldadas por los informes técnicos, ya han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente para el esclarecimiento total de los hechos.