Como cada otoño desde hace una década, Ecologistas en Acción ha publicado su informe anual sobre la contaminación por ozono en España.
Analiza los datos recogidos entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2026 en casi 500 estaciones oficiales de medición, entre ellas 31 situadas en Castilla y León.
El ozono es un contaminante muy complejo, que no tiene una fuente humana directa, sino que se forma en la superficie terrestre en presencia de radiación solar por la combinación de otros contaminantes denominados precursores.
Contaminantes emitidos por el transporte (en especial los vehículos diésel), las centrales termoeléctricas, ciertas actividades industriales o la ganadería intensiva. Se trata por tanto de un contaminante típico de primavera y verano.
Desde el punto de vista meteorológico, el año 2026 ha sido “muy propicio para la formación y acumulación de ozono, con un periodo primaveral muy cálido y de gran actividad vegetal”, tras “las cuantiosas lluvias invernales, y el verano más tórrido desde hace al menos siglo y medio, incluyendo cuatro intensas y prolongadas olas de calor y la avalancha de incendios forestales de los meses de julio y agosto, resultado todo ello del cambio climático global”, han informado.
Así, durante 2026 los niveles de ozono han sido en Castilla y León “los más altos al menos desde la entrada en vigor de los actuales límites legales, en 2010”, para “desbordar, en general, las concentraciones de los años anteriores y las previas a la pandemia de la COVID-19, con un aumento del 120 % en relación al promedio de las superaciones del objetivo legal para la protección de la salud registradas en el periodo 2012-2019.
El informe de Ecologistas en Acción toma como referencia el nuevo valor objetivo para la protección de la salud aprobado para 2030 por la Unión Europea.
De acuerdo a este umbral, que se evalúa por periodos de tres años consecutivos, el aire contaminado por ozono habría afectado durante el trienio 2024-2026 a un cuarto de millón de personas en Castilla y León, el 10 % de la población.
En otras palabras, una de cada diez castellanos y leoneses ha respirado en 2026 un aire que incumpliría el nuevo estándar legal europeo.
Si se tiene en cuenta el valor recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), más estricto que el objetivo legal y más acorde con la protección de la salud, el aire contaminado por ozono ha afectado en 2026 a la totalidad de la población castellana y leonesa.
Durante este verano se han producido además 15 superaciones del umbral de información a la población, la cifra más alta desde hace dos décadas, en Soria y Valladolid.
Las seis zonas donde en el trienio 2024-2026 se ha incumplido el nuevo objetivo legal en al menos una estación (aglomeración de Valladolid, Cuenca del Ebro, Duero Norte, Duero Sur, Montaña Sur y Soria y Demanda) suman 1,6 millones de habitantes, el 66 % de la población regional.
Ecologistas en Acción pide a la Junta de Castilla y León “la urgente elaboración y aprobación en todas ellas de los preceptivos planes autonómicos de mejora de la calidad del aire, en ejecución de las cuatro sentencias judiciales del Tribunal Superior de Justicia y el Tribunal Supremo dictadas desde 2018”.
Para lo que ha pedido una reunión al Consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino.
“La contaminación por ozono debe abordarse como un problema sanitario de primer orden, que causa cada año hasta 500 muertes en Castilla y León, según la Agencia Europea de Medio Ambiente, afectando a niñas y niños, mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades cardiorrespiratorias”, han apuntado desde Ecologistas en Acción.
Durante el verano de 2026, el Instituto de Salud Carlos III ha estimado en Castilla y León “un exceso de 340 muertes atribuibles al efecto combinado de las elevadas temperaturas y la exposición asociada a contaminantes como el ozono”, han apuntado.
La información a la ciudadanía por parte de las administraciones públicas “no es ni adecuada ni ajustada a la gravedad del problema”.
“La Junta de Castilla y León se ha limitado a difundir un aviso rutinario durante los episodios de ozono en Soria y Valladolid, sin que el Ayuntamiento de Valladolid activara las medidas de restricción del tráfico previstas en el plan de alerta municipal. Y tanto el Gobierno regional como los ayuntamientos de Burgos, León y Salamanca carecen de protocolos de actuación frente a los episodios de ozono”, añaden desde Ecologistas.
Por último, las principales vías de “actuación para reducir la contaminación del aire por ozono” son “disminuir el tráfico motorizado, sustituir los disolventes orgánicos por agua, el ahorro energético, ordenar el actual despliegue caótico de las energías renovables, penalizar fiscalmente los vehículos diésel y una moratoria para las nuevas macrogranjas”.