Castilla y León vuelve a plantar cara al Gobierno de España por la financiación autonómica.
Esta vez, la Junta reclama 225,4 millones de euros, más los intereses legales, por el dinero que considera que ha dejado de ingresar debido a las rebajas del IVA y del impuesto especial sobre la electricidad durante 2024.
El Consejo de Gobierno de la Junta ha autorizado este jueves a la Consejería de Economía y Hacienda a presentar un requerimiento formal ante el Ministerio de Hacienda para recuperar esas cantidades.
La Junta sostiene que las decisiones fiscales del Ejecutivo central han reducido los ingresos de la Comunidad y que esa pérdida debe ser compensada por el Estado.
Por eso, exige anular la liquidación definitiva del Sistema de Financiación Autonómica de 2024 y realizar una nueva que incorpore los 225,4 millones reclamados.
De momento, el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco apuesta por agotar la vía administrativa.
El requerimiento busca alcanzar un acuerdo con Hacienda antes de llevar el conflicto a los tribunales, aunque los antecedentes no invitan al optimismo.
Ningún requerimiento atendido por el Gobierno
El portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha recordado que Castilla y León ya ha seguido este camino en ejercicios anteriores, aunque sin éxito.
Según ha explicado, la Comunidad presenta primero un requerimiento ante Hacienda, de buena fe y con la intención de resolver las diferencias sin necesidad de acudir a la Justicia.
Sin embargo, el Gobierno central nunca ha atendido estas reclamaciones en la fase de requerimiento, lo que ha obligado a la Junta a recurrir a los tribunales por las liquidaciones de ejercicios anteriores.
Carriedo ha confirmado, además, que la Justicia ya ha admitido a trámite los recursos presentados por Castilla y León.
Ahora, la Junta vuelve a intentarlo por la vía administrativa, aunque no descarta presentar una nueva demanda si Hacienda tampoco responde a la reclamación de 2024.
Más de 162 millones por la rebaja del IVA
La mayor parte del dinero reclamado tiene su origen en las rebajas del IVA. Según los cálculos de la Consejería de Economía y Hacienda, estas medidas han supuesto una pérdida de 162,4 millones de euros para las arcas autonómicas.
De esa cantidad, 99,49 millones corresponden a la menor recaudación del impuesto.
El resto procede de los ajustes en distintos fondos del sistema de financiación: 28,74 millones del Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales, 19,03 millones del Fondo de Suficiencia Global y 15,14 millones del Fondo de Cooperación.
A estas cifras se añaden 63,01 millones de euros por la rebaja del impuesto especial sobre la electricidad. De ellos, 62,02 millones corresponden a la menor recaudación y 990.000 euros a la reducción de las transferencias del Fondo de Garantía.
La financiación de los servicios públicos, en juego
Más allá de las cifras, la Junta insiste en que lo que está en juego es la financiación de los servicios públicos que reciben los ciudadanos.
El Ejecutivo autonómico defiende que las decisiones fiscales del Estado no pueden terminar perjudicando a las comunidades autónomas, especialmente cuando son estas las que asumen buena parte del gasto en sanidad, educación y servicios sociales.
Por eso, apela al principio de lealtad institucional y exige que el Gobierno central compense el impacto económico de unas rebajas tributarias que, según sus cálculos, han restado recursos a Castilla y León.
El nuevo requerimiento abre otro capítulo de un conflicto que viene de ejercicios anteriores y que ya ha llegado a los tribunales. Aunque la Junta confía en alcanzar un acuerdo con Hacienda, la disputa por estos 225,4 millones podría acabar también en manos de la justicia.