El PSOE de Castilla y León ha denunciado, en la mañana de este martes, 13 de octubre, que la Junta “mira para otro lado” y “permite que se haga negocio con la vivienda protegida”, como ha señalado la secretaria de Vivienda del PSOECyL, Ana Casado.
Ella se ha reunido, junto con Carlos Martínez, secretario general de los socialistas en Castilla y León, con Daniel Rejón, uno de los afectados.
Rejón es arrendatario de una vivienda protegida en Laguna de Duero (Valladolid) y está pagando “100 euros más al mes a un fondo de inversión que se beneficia de la inacción de la Junta”.
Los socialistas apuntan que este caso “evidencia un engranaje administrativo lentísimo para las familias” y “diligente con los intereses empresariales”.
“Tras alquilar su vivienda hace más de un año junto a su pareja y su hijo cumpliendo todos los requisitos legales, el contrato fue presentado ante la Junta de Castilla y León para su visado”, añaden.
La propia administración autonómica, señalan los socialistas, concluyó que “existía un sobreprecio en la renta pactada, denegando el visado, además de señalar como irregulares el cobro del IBI y la renuncia al derecho de adquisición preferente impuestas al inquilino”.
Pese a que la Junta detectó la irregularidad, esta vivienda “sigue sin visado y sus inquilinos siguen pagando 427 euros al mes, cuando deberían abonar 340”, han informado los socialistas.
“Como consecuencia, se le deniegan las ayudas debido a no tener visado y la SOCIMI continúa cobrando la cantidad presuntamente ilegal amparándose en un recurso de alzada ante la Junta que, según denuncia el afectado, lleva más de un año sin resolverse a pesar de haberlo reclamado formalmente en noviembre de 2025 y marzo de 2026”, señalan.
Casado ha recordado que la promoción de viviendas recibió en su día “1,5 millones de euros en subvenciones a fondo perdido y un préstamo subsidiado de 8,1 millones para garantizar un fin social que hoy es papel mojado”, denuncian desde el PSOE.
El Partido Socialista exigirá responsabilidades en las Cortes de Castilla y León, reclamará el expediente completo y “pedirá la apertura de un procedimiento sancionador y la devolución de las cantidades cobradas indebidamente”.