El adelanto de las elecciones generales al 29 de noviembre ha convertido a Castilla y León en un escenario de doble velocidad.
Apenas ocho meses después de las autonómicas del 15 de marzo, la disolución de las Cortes Generales –decidida por Pedro Sánchez tras el rechazo en el Congreso a los reales decretos-ley de vivienda– ha obligado a los partidos a activar de golpe la maquinaria nacional.
Las formaciones políticas se han visto abocadas a congelar procesos municipales que ya estaban en marcha y a designar candidatos al Congreso y al Senado mientras las Cortes de Castilla y León tramitan, en paralelo, el techo de gasto y el proyecto de presupuestos de 2027.
El calendario no admite tregua: la presentación de candidaturas se sitúa entre el 21 y el 26 de octubre, la proclamación de listas hacia el 2 de noviembre y la campaña oficial arranca el 13.
El próximo 29 de noviembre, la Comunidad elige 31 diputados y 36 senadores de designación directa, con un mapa provincial que en 2023 ya demostró lo ajustado que puede ser el reparto en varias circunscripciones.
El PSOE congela las municipales
El choque de agendas es especialmente nítido en el PSOE. La Comisión Ejecutiva Federal ha suspendido el proceso interno de primarias y designación de candidatos para las municipales de mayo de 2027.
Según ha trasladado la secretaria de Organización, Rebeca Torró, las nuevas fechas se fijarán después de los comicios de noviembre, en aplicación del reglamento federal.
En Castilla y León, el secretario general, Carlos Martínez, ha sido explícito: los tiempos orgánicos los marca el partido y cualquier decisión sobre cabezas de lista municipales –Burgos y Valladolid siguen sin candidato despejado– queda aplazada hasta después del 29-N.
Mientras tanto, las ejecutivas provinciales tienen de plazo hasta el 14 de octubre para elevar sus propuestas de listas al Congreso y al Senado; el Comité Federal las ratificará el día 17.
La prioridad es clara: concentrar recursos y mensaje en la cita general antes de reabrir el frente local.
Óscar Puente repite
La mayoría de los cabezas de lista del PSOE están claros. Óscar Puente, ministro de Transportes, secretario provincial del PSOE de Valladolid y exalcalde de la capital, ha confirmado que repetirá como número uno al Congreso por su circunscripción.
Ha descartado tanto una hipotética candidatura por Alicante –donde pasa temporadas por motivos personales– como el regreso a la Alcaldía: "no es una opción". En el Grupo Municipal Socialista, ha dicho, "hay gente muy buena".
En Burgos, Esther Peña, secretaria provincial y diputada, se postula de nuevo para encabezar la lista al Congreso, y la alcaldesa de Miranda de Ebro, Aitana Hernando, apunta al Senado.
Javier Alfonso Cendón repetirá en León, David Serrada encabezará en Salamanca, Manuel Arribas en Ávila, Antidio Fagúndez en Zamora y José Luis Aceves volverá a ser el número uno por Segovia. Queda la incógnita de Palencia, donde el PSOE palentino podría desafiar a Ferraz con un candidato alternativo a María Luz Martínez Seijo.
Todas las propuestas deberán ser ratificadas por el comité provincial antes de subir al federal. El discurso que acompañan es de continuidad de gestión: vivienda, blindaje de pensiones y balance de los últimos ocho años.
Puente, en una entrevista en la Cadena SER emitida desde Valladolid, ha llegado a afirmar que el PSOE será primera fuerza el 29-N –en contra de las encuestas publicadas– y ha pedido a las formaciones a su izquierda que aparquen egos y concurran unidas.
Piezas clave del PP
En el PP el movimiento ha sido de integración en el dispositivo nacional. La Junta Directiva reunida en Madrid bajo la presidencia de Alberto Núñez Feijóo ha otorgado a Castilla y León un peso visible en el comité de campaña.
Ester Muñoz, hasta ahora portavoz del grupo popular en el Congreso y diputada por León, será una de las portavoces de la campaña junto a Borja Sémper.
Se incorporan además José Ángel Alonso, senador y alcalde de Villalón de Campos, como responsable adjunto de Organización Territorial; el diputado vallisoletano Eduardo Carazo, en la coordinación de líderes nacionales; e Isabel Blanco, vicepresidenta segunda de la Junta, como representante autonómica en el comité.
La dirección operativa recae en el secretario general, Miguel Tellado. El mensaje implícito es que la comunidad no solo es bastión electoral, sino cantera de cuadros para la ofensiva contra el Gobierno de Sánchez.
Ensayo en las Cortes
Esa ofensiva se ensaya ya en el hemiciclo de las Cortes. El pleno de esta semana aprobó el límite de gasto no financiero para 2027 en 15.104,54 millones de euros –un 6,5 % superior al de 2026– exclusivamente con los votos de PP y Vox. PSOE, UPL y Soria Ya votaron en contra; Por Ávila se abstuvo.
El portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha mantenido el calendario estatutario: el proyecto de ley de presupuestos y la ley de medidas tributarias, financieras y administrativas que lo acompaña se registrarán antes del 15 de octubre.
El Ejecutivo cifra en torno a 250 millones el ahorro derivado de las nuevas rebajas fiscales –que se sumarían a las acumuladas en ejercicios anteriores– y sitúa el crecimiento previsto para 2027 en el 2,3 %, con una tasa de paro que descendería hasta el 8,1 %.
Carriedo ha celebrado, además, que el adelanto electoral impida tramitar la reforma de la financiación autonómica y la condonación de deuda que el Gobierno central había negociado con socios independentistas.
Mañueco sube el tono
El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha enmarcado la convocatoria en términos aún más duros. Mañueco ha hablado del "final de un Gobierno nefasto" para España y para Castilla y León y ha acusado a Sánchez de llegar a las urnas sin haber resuelto los problemas de vivienda o precios y "rodeado de la corrupción".
Además, ha calificado de “atraco” el tratamiento de la financiación autonómica. En el pleno, el control al Ejecutivo autonómico de esta semana se convirtió en el primer ensayo de campaña: la vivienda ocupó el centro del debate.
PP y Vox rechazaron una iniciativa socialista para blindar el parque público de vivienda, acusando al PSOE de "intervencionismo", y la Junta anunció el inicio de contactos con embajadas de países de origen para la devolución de menores extranjeros no acompañados.
El Gobierno autonómico de coalición funciona, en la práctica, como ariete territorial de la oposición nacional.
Dos mapas superpuestos
Los objetivos de cada fuerza se leen sobre dos mapas superpuestos.
En las generales de julio de 2023 el PP obtuvo 18 de los 31 escaños con el 41,6% de los votos y ganó en las nueve provincias; el PSOE mantuvo sus 12 actas con el 32,3%; Vox cayó de seis a un solo diputado (el de Valladolid) con el 13,8%.
Por provincias, el reparto dejó dos escaños a PP y PSOE en Burgos y León, tres al PP y uno al PSOE en Salamanca, y mayorías populares claras en Ávila, Palencia, Segovia y Zamora. En el Senado, el PP se llevó 27 de los 36 elegidos directamente.
Ocho meses después, las autonómicas de marzo devolvieron un escenario distinto en intensidad: PP 33 procuradores, PSOE 30 y Vox 14, con el porcentaje más alto que la formación de Abascal ha registrado en una comunidad autónoma de España.
Los partidos fijan objetivos
De ahí las ambiciones. El PP busca consolidar o ampliar los 18 diputados y preservar la hegemonía en el Senado, apoyándose en la visibilidad que Feijóo ha dado a sus cuadros regionales y en el contraste que Mañueco establece día a día con el Gobierno central.
El PSOE parte del suelo de los 12 escaños y del resultado autonómico –que interpretan como señal de resistencia– para intentar no retroceder y, si la movilización acompaña, disputar escaños en circunscripciones igualadas.
Vox, que en 2023 vio cómo el sistema electoral le restaba cinco actas pese a un voto todavía significativo, aspira a traducir el impulso de marzo en recuperación parlamentaria, especialmente en Valladolid y en provincias donde el tercer escaño o el cuarto quedan al alcance.
La Unión del Pueblo Leonés (UPL), Soria ¡Ya! y Por Ávila, que en marzo lograron representación autonómica, se enfrentan de nuevo a la barrera del Congreso y las formaciones a la izquierda del PSOE siguen a la espera de la configuración del Frente Amplio.
El tiempo que media entre el registro de los presupuestos, el cierre de las listas y el inicio de la campaña oficial es mínimo.
Castilla y León votará dos veces en ocho meses, con un Gobierno regional que no disimula su papel de oposición al Ejecutivo central y con unos partidos que han tenido que aparcar las municipales para concentrar toda la artillería en el 29 de noviembre.
El resultado no solo repartirá 31 escaños y 36 senadores: medirá hasta qué punto el pulso que se libra estos días en las Cortes se ha convertido ya en el prólogo de la batalla nacional.