El Palacio de Justicia de Burgos albergó este jueves un mensaje con destinatarios muy claros.
En un momento de agitación institucional, donde las resoluciones judiciales se ven sometidas a un examen político, sobre todo desde el Gobierno central, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), Ana del Ser, alzó la voz para trazar una línea roja infranqueable.
Durante el acto institucional de Apertura del Año Judicial 2026-2027, Del Ser se adentró en el debate que sacude los cimientos de la judicatura española.
En el tramo final de su discurso, la máxima autoridad judicial de la Comunidad puso el foco en la creciente exposición y señalamiento que sufren los magistrados.
“La crítica jurídica razonada contribuye a fortalecer el sistema y a mejorar la calidad de la Justicia”, afirmó la presidenta para marcar terreno.
Para afirmar luego que “la atribución infundada de motivaciones políticas o ideológicas a los jueces no solo afecta a quienes ejercen la jurisdicción, sino que erosiona la confianza de los ciudadanos en el Estado de Derecho”.
Un escudo para el ciudadano
En un clima donde se lleva lo del señalamiento con nombres y apellidos a instructores y magistrados, la presidenta reivindicó que la independencia judicial no es un privilegio de la toga, sino un derecho del ciudadano.
“Significa que ninguna presión ni interés ajeno al Derecho puede condicionar una resolución judicial”, aseveró.
En este punto, bajó la vista de las dinámicas de confrontación para apelar a la “responsabilidad compartida” de poderes públicos y actores políticos para preservar un entorno en el que la Justicia pueda decidir sin coacciones implícitas ni explícitas.
“Sin una Justicia independiente no existe una garantía efectiva de los derechos y libertades”, concluyó de forma tajante.
La presidenta del TSJCyL también repasó las asignaturas pendientes del sistema autonómico:
Pese a que los tribunales de la Comunidad han logrado incrementar su ritmo de respuesta, resolver más asuntos que el curso pasado y rebajar el atasco de expedientes, Del Ser advirtió de que “la sobrecarga permanente no puede convertirse en un mecanismo ordinario”.
Asimismo, aunque valoró de forma positiva las 19 nuevas plazas recientemente asignadas a Castilla y León, la Sala de Gobierno considera imprescindible seguir dotando de más juzgados y jueces de adscripción territorial.
Las peculiaridades del territorio castellano y leonés exigen conciliar la proximidad con el ciudadano y la especialización.
También habló de violencia de género. En este caso, la asunción de los delitos contra la libertad sexual por parte de los juzgados de Violencia sobre la Mujer ha tensado la maquinaria judicial.
La presidenta defendió avanzar en la comarcalización y la especialización para ofrecer “una protección más eficaz a las víctimas”.
Respecto al despliegue de la Ley de Eficiencia, la magistrada reconoció las dificultades operativas de adaptación edilicia, de software y de falta de personal en las oficinas judiciales, pidiendo que el nuevo modelo venga acompañado de inversiones reales para no frustrar sus objetivos.