El rechazo de los dos decretos de vivienda en el Congreso de los Diputados ha aterrizado de lleno en la política de Castilla y León. El PSOE aprovechará el pleno de las Cortes del próximo martes para llevar una proposición no de ley que traslade al hemiciclo el pulso abierto en Madrid y reclame una respuesta autonómica al acceso al alquiler.
Frente a esa ofensiva, el PP y Vox −que gobiernan la Junta− mantienen su oposición frontal a las medidas del Ejecutivo de Pedro Sánchez: las consideran una invasión competencial, un desincentivo a la oferta y una reacción tardía que no resuelve el problema.
El choque se produce con el eco todavía fresco de la votación del viernes y con la posibilidad de un adelanto de las elecciones generales.
Del desahucio a los decretos
El origen inmediato del conflicto está en el desalojo, el 23 de septiembre en Madrid, de Maricarmen, una mujer de 87 años sacada en camilla de la vivienda en la que residía desde hacía más de setenta.
La imagen aceleró un paquete de urgencia que el Consejo de Ministros aprobó el martes y que el Congreso tumbó el viernes, apenas unas horas después de entrar en vigor.
El primer decreto −suspensión temporal de determinados desahucios de hogares vulnerables sin alternativa habitacional, límites a las compras especulativas, regulación del alquiler de temporada y por habitaciones, e incentivos fiscales− cayó por 178 votos en contra y 172 a favor, con el no de PP, Vox, Junts y UPN.
El segundo, centrado en la renovación automática de los contratos de alquiler, obtuvo 184 noes frente a 166 síes, al sumarse también el PNV y Coalición Canaria.
Quedaron sin efecto la prórroga extraordinaria de arrendamientos, la protección coyuntural frente a ciertos lanzamientos y el resto de disposiciones de urgencia.
En Castilla y León, UGT y CC.OO. calculan que cerca de 95.000 contratos de alquiler podían haberse acogido a esa prórroga. El dato explica por qué el debate no se ha quedado en Madrid.
"Me pide el cuerpo convocar"
Carlos Martínez, secretario general del PSOE de Castilla y León, no esperó al recuento definitivo para marcar posición. El viernes, tras la Junta de Portavoces, admitió que si caían los decretos "me pediría el cuerpo convocar" elecciones generales "para ponerlos frente al espejo", aunque matizó que la decisión no le correspondía.
Cargó el peso de la responsabilidad sobre el PP de Alberto Núñez Feijóo más que sobre Junts −"el foco está en la derecha"− y advirtió de que los populares podían encontrarse con unas elecciones que llevan años reclamando.
También dejó abierta la puerta a negociar el contenido si los textos hubieran salido adelante, en la idea de que las políticas de vivienda exigen "una banda de consenso". Esa declaración es la que el Grupo Socialista pretende capitalizar el martes.
La PNL sirve para fijar el relato antes de que un eventual adelanto convierta la vivienda en munición de campaña: abandono de inquilinos y vulnerables, por un lado; fracaso de la intervención y uso electoral del drama de Maricarmen, por el otro.
Martínez ya había situado al PP autonómico en la misma órbita que Feijóo al reprocharle la falta de "pudor" para coincidir, en el no, con la derecha catalana.
El PP también pide urnas
La réplica no se hizo esperar. Leticia García, portavoz del PP en las Cortes, ironizó que en eso sí había consenso. "Nos parece absolutamente necesario y urgente ya la convocatoria de elecciones", señaló.
A renglón seguido situó a Martínez en "modo electoral" y auguró que se hundirá junto a Pedro Sánchez y su "política intervencionista".
El cruce resume el doble juego de estas horas. Ambos leen el fiasco parlamentario como síntoma de legislatura agotada, pero cada uno atribuye el fracaso al contrario y ninguno cede en el diagnóstico de fondo.
Para el PP de Castilla y León, los decretos eran una "reacción mala y tardía" que agravaba el problema en lugar de corregirlo.
La tesis, repetida por la Junta, es que ocho años de política estatal han encarecido el acceso sin aumentar el parque y que condicionar fondos a la declaración de zonas tensionadas discrimina a las comunidades que rechazan ese modelo.
Vox, socio de gobierno, sostiene la misma línea: más suelo, menos intervención en el precio y rechazo a lo que considera un marco que desincentiva al propietario.
Un recurso preparado
El rechazo en el Congreso ha dejado en el aire la amenaza de impugnación, pero no el argumentario. El jueves, un día antes de la votación, el portavoz y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, avanzó que la Junta recurriría los decretos si se convalidaban porque "perjudican nuestros intereses".
A su juicio, invaden competencias autonómicas, detraen oferta, generan inseguridad jurídica, desincentivan poner vivienda en alquiler y no facilitan la construcción nueva. También criticó que no se hubiera contado con las comunidades y que la división en dos paquetes añadiera incertidumbre.
Esa posición encaja con la votación ya celebrada en las Cortes, donde el PP, con apoyos suficientes, sacó adelante una iniciativa para exigir al Gobierno la paralización del real decreto que reserva subvenciones a las autonomías que declaren zonas de mercado residencial tensionado y reclamar en torno a 90 millones para el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 sin ese requisito.
La Junta se niega a adherirse a las zonas tensionadas: sostiene que la fórmula ha reducido la oferta allí donde se ha aplicado y que Castilla y León puede responder con ayudas directas al inquilino, incentivos fiscales y un precio de alquiler que sitúa entre los más bajos del país, en el entorno de los 10 euros por metro cuadrado.
La calle no espera
Mientras espera el debate en las Cortes, miles de personas han llenado las calles de la Comunidad este fin de semana para reclamar una solución al cada vez más acuciante problema de la vivienda.
UGT y CC.OO. llamaron a la gente "indignada, cabreada y frustrada" a salir a la calle. El secretario general de UGT en Castilla y León, Óscar Lobo, habló de un "duro revés" para las familias con contrato de alquiler y de un "jarro de agua fría" para quienes viven bajo amenaza de desahucio en las capitales de provincia.
La secretaria general de CC.OO en la Comunidad, Ana Fernández, por su parte, criticó los "intereses políticos" de quienes votaron en contra y recordó que Castilla y León tiene competencias propias que, a su juicio, no se están ejerciendo al ritmo que exige la Ley estatal.
Ambos sindicatos subrayan la brecha: el precio de la vivienda ha subido en Castilla y León en torno a un 10% en el último año, frente a un 3,8% de los salarios, con alzas mucho más fuertes en cinco años en capitales como Ávila o Soria.
El calendario de protestas ha sido denso. En Valladolid, el Sindicato de Vivienda convocó el sábado a las 19:00 en la plaza de Fuente Dorada bajo el lema 'Contra el negocio de la vivienda, contra las migajas del Gobierno', con presencia de los secretarios generales autonómicos de UGT y CCOO.
León, Burgos y Palencia sumaron concentraciones el sábado; Segovia se movilizó el viernes y Salamanca cerró el domingo frente a la Subdelegación del Gobierno. La Coordinadora Juvenil Socialista se ha sumado con consigna propia.
Las plataformas locales no compran del todo el relato gubernamental: hablan de "tibios decretos" y piden cambios estructurales, no solo prórrogas.
Esa distancia complica al PSOE, que defiende las medidas caídas, y da argumentos al bloque de gobierno autonómico, que las presenta como insuficientes e invasivas a la vez.
Un debate intenso
El pleno no va a cambiar la correlación de fuerzas en las Cortes ni va a resucitar unos decretos ya decaídos. Sí va a ser el primer escenario autonómico en el que PP, Vox y PSOE se midan con el recuento del viernes todavía caliente y con las plazas del fin de semana aún recientes.
El PSOE intentará que la vivienda deje de ser un asunto sectorial de la Junta y pase a ser un test de responsabilidad política ante un problema que también se nota en las capitales de provincia, aunque los precios estén lejos de los de Madrid o Barcelona.
El PP y Vox responderán que la receta estatal ha fracasado, que la oferta y la seguridad jurídica son la vía, y que el adelanto electoral −en el que ahora coinciden, por motivos opuestos, con Martínez− es la salida lógica de una legislatura sin mayoría estable.
Entre medias queda el dato que ninguno de los dos relatos disuelve del todo: miles de contratos de alquiler en Castilla y León se han quedado sin la prórroga que el Congreso rechazó, la movilización no se ha apagado el domingo y el posible adelanto de las generales convierte cada pleno autonómico en un ensayo de campaña.
El martes, la vivienda ya no será solo un debate de competencias. Será el espejo autonómico de una crisis que ha pasado, en 10 días, del desahucio de una anciana en Madrid a la pregunta de cuándo se disolverán las Cortes Generales.