UGT en Castilla y León ha reclamado a los grupos parlamentarios que “convaliden” este 2 de octubre los dos reales decretos-ley de vivienda.
El sindicato ha considerado “necesarias estas medidas” para “frenar la especulación, reforzar la protección frente a los desahucios de personas vulnerables y dar estabilidad a quienes viven de alquiler”.
“Lo que ganamos trabajando no puede desaparecer pagando un techo. Defender la vivienda es defender los salarios, las pensiones y el derecho a construir un futuro en nuestra tierra”, según manifiestan desde el sindicato.
De llevarse a efecto, esta prórroga proporcionará “seguridad, estabilidad y futuro a cerca de 250.000 personas que residen en esos hogares en los que finaliza el contrato de alquiler”, han señalado.
La organización sindical subraya que el encarecimiento de la vivienda “agrava la desventaja salarial de la Comunidad”.
Según los datos del INE de finales de agosto, los precios del alquiler y suministros del hogar aumentaron un 8 % interanual en Castilla y León, casi 2 puntos por encima de la media nacional.
Y los salarios en esta comunidad son más bajos: el salario medio bruto anual se situó en 26.177,28 euros en Castilla y León, 3.362,98 euros por debajo de la media española, según la Encuesta Anual de Estructura Salarial de 2024 del INE.
Por otra parte, desde el sindicato se destaca que “la ralentización extraordinaria de la subida de alquileres, gracias a estos decretos, puede amortiguar el tremendo impacto de la inflación”.
“El decreto establece, en ausencia de un nuevo pacto entre las partes, un límite del 2 % para las revisiones hasta el 31 de diciembre de 2027, además de algunos supuestos sin incremento. Esta medida es distinta de la prórroga de los contratos”, señalan.
Así, como ejemplo, actualizar un alquiler de 700 euros al 2 %, en lugar del 4,9 % del IPC adelantado de septiembre, supone pagar 243,60 euros menos durante los doce meses siguientes.
Aunque el ahorro efectivo, en cada caso, dependerá del contrato y del índice que le corresponda, y será inferior cuando ya esté en vigor un límite más bajo que el IPC.
“Cabe recordar que en 2025 se practicaron 875 lanzamientos judiciales en Castilla y León, 646 de ellos derivados de procedimientos de arrendamiento, según los datos del CGPJ”, explican desde UGT en Castilla y León.
Esta estadística comprende distintos tipos de inmuebles. Por otra parte, la información registral oficial sitúa en el 39,1 % las compraventas de vivienda sin hipoteca en 2025. UGT advierte de la brecha que se genera entre quienes pueden comprar sin financiación hipotecaria y quienes no consiguen reunir una entrada.
“Nuestros jóvenes tienen derecho a quedarse y nuestros mayores, a vivir tranquilos. Los diputados de Castilla y León deben votar mañana en el Congreso de los Diputados pensando en las personas que necesitan estabilidad para organizar su vida”, añaden.
UGT Castilla y León exige también a la Junta que asuma su responsabilidad, amplíe el parque público de alquiler asequible y garantice alternativas habitacionales para las personas vulnerables en los términos previstos por la normativa.
El sindicato considera que la protección inmediata debe acompañarse de políticas sostenidas que faciliten el acceso a la vivienda en nuestra comunidad: “La vivienda es un derecho. Nadie debería enriquecerse a costa de que una familia pierda su hogar”.